Un año de la gestión de Milei: fuerte alerta por el retroceso en materia de género y la invisibilización de los derechos de las mujeres y diversidades

El gobierno de Javier Milei llegó al poder con objetivos claros y una ideología que se encuentra en las antípodas de las cuestiones de género. Mientras se aplicaba la motosierra a nivel presupuestario, de la boca para afuera se pronunciaban discursos de odio y violencia que profundizaban el panorama, consolidando así un notorio retroceso en las políticas de género y salud reproductiva.

Apenas unos días después de la asunción, Milei anunció la reducción de la planta ministerial y, como era de esperarse, adelantó que cerraría la cartera de Mujeres, Género y Diversidades. El Presidente tardó alrededor de seis meses en concretar su deseo y fue en el mes de junio que eliminó por completo el Ministerio.

Junto con ese cierre se desencadenaron una serie de factores que van de la mano con la ideología liberal libertaria y la «batalla cultural» que intenta dar el Gobierno, pero que muestran una postura conservadora y antifeminista que probablemente tenga impacto en las próximas generaciones.

Lo que no se esperaba era que diera por finalizada la institucionalidad en este tema debido a la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. «Para el Gobierno no existe el género en la violencia, la niega. Después de 37 años, Argentina perdió la institucionalidad en temas de género», explicó Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Según un informe presentado por dicha institución junto a CELS, ELA, MxM Fundación y Fundeps ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «con el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencias de Género se confirma la discontinuidad también de sus otros programas: el apoyo económico para personas trans; el programa Igualar que trabajaba con empresas; la entrega de kits de lactancia a personas gestantes; el financiamiento a municipios (a través del Programa Generar) y organizaciones de base (Programa Articular) con el objetivo de apoyar su trabajo en cuestiones de género y acompañamiento a mujeres en situación de violencia; la Mesa interministerial de políticas de cuidado para articular políticas públicas intersectoriales;las prestaciones a familiares víctimas de femicidios; entre muchas otras».

En efecto, lejos de reconocer que se trata de una problemática que es debatida y tratada a nivel internacional, desde el oficialismo insisten en la confrontación y la desinformación mientras la desigualdad en cuestiones de género no solo persiste, sino que se incrementa.

«Hay mucha preocupación porque detrás de las cifras hay vida de miles de mujeres expuestas a innumerables peligros porque no pueden atenderse ni hay equipos para contenerlas», advirtieron sobre la organización internacional.

De acuerdo con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, «fue un año pésimo para la políticas de género en dos sentidos. Primero por las decisiones de eliminación y desfinanciación, falta de respuestas y políticas que había a nivel nacional. Segundo, por los niveles de estigmatización, de violencia política y simbólica que ejerce el propio Presidente».

La funcionaria lamentó volver al pasado «cuando se debatían estos temas que atrasan, si la violencia existía o no o esta cuestión de falta de credibilidad a las víctimas. Esta es la realidad que el gobierno esta promoviendo todo el tiempo lo cual es absolutamente preocupante y genera que tener que redoblar los esfuerzos por el impacto que tiene no solo en el presupuesto sino en el clima social».

En cuanto al dinero, el presupuesto asignado para el año que se avecina -que todavía no se debatió- es prácticamente nulo, presentando recortes casi totales en las cuestiones de género. En lo que va del año ya se interrumpió la entrega de anticonceptivos, se desmantelaron programas de acompañamiento a víctimas de violencia de género y también se desfinanciaron equipos destinados a prevenir y combatir los distintos tipos de violencia hacia las mujeres y las diversidades.

Galkin alertó sobre las cuestiones presupuestarias e hizo foco en las cuestiones de ESI. «El Plan de Prevención del Embarazo No Intencional cayó más del 68% en 2024. Además, el Gobierno paralizó compras de misoprostol para acceder al aborto seguro, endilgando la responsabilidad a las provincias, poniendo en riesgo a muchas mujeres que viven allí», evaluó.

Por su parte, Díaz también advirtió sobre la actitud del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona: «Va al Congreso a amenazar con mujeres denuncias falsas, que constituyen el 7%, pero, ¿qué pasa con el 93% que son reales? no les importan». Luego criticó: «Desamparan a las víctimas y crece la feminización e infantilización de la pobreza con este modelo económico. Las consecuencias recaen en las familias, lo cual precariza y empobrece los modos de vida, convirtiénose en un reproductor de circulos de pobreza social y de género».

Desfinanciamiento de programas vinculados con la violencia de género y el debilitamiento de la Línea 144

El cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, creado durante el gobierno de Alberto Fernández, golpeó de lleno en todas las dependencias y programas satélites destinados a prevenir la violencia de género como así también al acompañamiento y contención de las víctimas

Uno de ellos fue la Línea 144, atención telefónica nacional que tenía, en su origen, el objetivo de tomar exclusivamente denuncias por casos de violencia con motivo de género. El Gobierno propuso un cambio de enfoque argumentando que, para ellos, la violencia «no tiene género», por lo que en la actualidad la línea tiene como finalidad atender denuncias de todo tipo.

Según el informe presentado ante la CIDH, en 2024 se ejecutó un 28% menos de presupuesto que el asignado para la línea en 2023.

En el documento también se destaca el impacto regresivo en el Programa Acompañar, una política clave que proporcionaba ayuda económica a mujeres que buscaban escapar de vínculos violentos. Entre 2020 (fecha de lanzamiento del programa) y 2023 se había brindado asistencia a más de 352.000 personas.

El presupuesto ejecutado durante el primer semestre de 2024 fue un 82% menor en comparación con el mismo período de 2023 y la disminución en la asistencia es drástica: mientras que en el primer trimestre de 2023 el programa benefició a 34.023 personas, para el mismo periodo de 2024 sólo 434 mujeres recibieron esta ayuda, lo que representa una caída del 98.63%. Además, de modificaciones realizadas por parte del Ejecutivo que, según las organizaciones feministas, van en detrimento de los derechos de las víctimas como así también incrementan la exposición a la vulnerabilidad.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz reconoció que antes del cambio de Gobierno «había articulación y seguimiento permanente», pero que la interrupción y la falta de comunicación entre las gestiones obligaron a una toma de acciones urgente. «En la provincia estamos terminando una ampliación de la línea de la provincia para que todas las bonaerenses, incluso las del 1° y 2° cordón que entraban en la zona nacional, puedan denunciar», detalló la ministra.

De acuerdo con lo que contó a este medio, se trata de «un servicio que acordamos con Telefónica. Ampliamos a 60 los canales de llamadas para que todas sean derivadas a nuestro equipo especializado en violencia, diversidad y mujeres, con atención durante las 24 horas del día». A la vez, indicó que también está activa la cuenta de WhatsApp, otra de las vías de comunicación disponible para denunciar. En caso de comunicarse por allí, escribir al 2215085988.

Ley Micaela, una lucha que pareciera haber quedado en el olvido

La Ley Micaela dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y de violencia por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado.

Si bien se implementa con normalidad hasta diciembre de 2023, con el desarme del ente de ejecución (Ministerio), se desmanteló el equipo que garantizaba las capacitaciones obligatorias en materia de género y violencia de género a funcionarios y, por consiguiente, no hay presupuesto asignado para coordinar la implementación de la Ley.