Piden 10 años de prisión en un juicio «reparador» e histórico por violencia sexual.

El fiscal Sergio Cáceres Olivera solicitó 10 años de prisión para Noemí Alvarado (84), la docente acusada de corrupción de menores y partícipe necesaria del abuso de dos niñas perpetrado en el Chaco en los años ’80 por su esposo, el exdiputado ya fallecido Daniel Pacce, en lo que se constituye como el caso de violencia sexual más antiguo en llegar a juicio.

«Este no es un juicio más, es un juicio reparador por el caso de abuso sexual más antiguo del país, es caso que evidencia claramente qué significa el respeto de los tiempos de las víctimas», dijo el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en una de las últimas audiencias del juicio que se desarrolla en la Cámara Tercera del Crimen ante el tribunal que integran Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray.

En el marco de las 16 jornadas del debate que comenzó a fines de mayo, un total de 25 testigos brindaron su declaración.

Durante su alegato trasmitido en vivo por las redes del Poder Judicial, Cáceres Olivera destacó la incidencia de «las circunstancias y momento histórico en que estos hechos gravísimos ocurrieron» y que imposibilitaron a las víctimas contar lo sucedido o a sus familiares hacer la denuncia.

«Los hechos comenzaron en 1979, en plena dictadura militar. Hemos escuchado durante este juicio lo difícil que era entonces denunciar un caso de abuso sexual infantil, recurrir a una comisaría o a un juez y que la investigación avanzara», dijo el fiscal de Cámara.

«Más aún cuando el acusado era una persona de poder, como es el caso del político Daniel Pacce o su mujer, que era directora de un colegio», agregó.

Los hechos probados
Cáceres Olivera consideró probado que entre 1979 y 1986, cuando tenía entre 5 y 12 años,Rosalía Alvarado fue abusada de forma «crónica» por el marido de su tía Noemí Alvarado con la colaboración de ésta, en la casa que el matrimonio compartía. Y lo mismo le ocurrió a Belén Duet, la otra víctima, en 1984, cuando tenía solo tres años.

«Noemí Alvarado usaba distintos artilugios para lograr que Daniel pudiera estar a solas con las y abusarlas» tocando sus genitales o mostrándoles los suyos, lo que tenía lugar preferentemente en el dormitorio del matrimonio «donde estaba la caramelera y el televisor» con los que atraían a las niñas.

Para el fiscal, la octogenaria mujer «llevaba a las niñas a la habitación donde las esperaba Pacce» y de donde entraba y salía mientras el hombre manoseaba a las menores; además de mantener relaciones sexuales con su marido en presencia de las niñas.

Teniendo en cuenta «la edad avanzada de la imputada», el fiscal solicitó que el cumplimiento de una eventual condena de prisión tenga lugar «en modalidad domiciliaria morigerada», porque además el principal objetivo de las víctimas es «que se sepa la verdad» y no que pase sus últimos días en una cárcel común.

Tras hacer proyectar una foto de Rosalía y Belén a las edades en que fueron víctima de abusos, el fiscal llamó a pensar en «esas niñas que en ese momento no pudieron recurrir a que se hiciera justicia» y a quienes aún hoy «que ya son mujeres de más de 40, el dolor las acompaña y lo hará toda la vida».

En ese sentido, el fiscal aseguró que las tres licenciadas en psicología que entrevistaron a las víctimas concluyeron que el relato de ambas era «verosímil, que no hay ningún síntoma de fábula o de influencia de terceros» y que ambas tienen secuelas traumáticas consistentes con abuso sexual infantil.

El fiscal también citó el caso de los hermanos D.M. y L.M. que le relataron haber sufrido episodios similares en «la casa del horror», pero que hasta el momento no quisieron formalizar la denuncia.

«Se puede llegar a decir que Rosalía o Belén mienten, pero les pregunto, señores jueces: ¿también lo hacen D.M. y L.M, personas que también fueron víctimas que se animaron a declarar pero pidieron que no se difunda públicamente sus nombres?», dijo.

«D.M. cuando fue citada a la fiscalía y se sentó a declarar delante del secretario, se largó a llorar y no pudo hablar más por lo que necesitó de apoyo para que pudiera expresar y contar que le pasó lo mismo. Y cuando vino LM, también, un hombre ya grande, de cerca de dos metros de altura, que cuando se sentó a hablar volvió a ser un niño, igual que Rosalía y Belén», dijo.

El fiscal también citó testimonios según los cuales Noemí Alvarado «minimizó» los hechos y desalentó la formalización de las correspondientes denuncias haciendo uso de su poder e influencia.

«Cuando los padres se enteran de lo que le había pasado a Belén, intentaron en aquella época realizar la denuncia y fueron desalentados. También se hablaba de una estigmatización de que iba a terminar teniendo Belén y que tenían que seguir adelante. Era el contexto de impunidad en que se manejaban Daniel Pacce y Noemí Alvarado», dijo.

Y cuando la madre de la niña la enfrentó «la repuesta fue ‘¡ay, este Daniel, otra vez con sus andanzas!’ minimizando el horror».

En el caso de los hermanos DM y LM, cuando la madre de los niños «trató de hacer pasar como que acá no pasó nada, le dijo ‘vamos a seguir siendo amigas’ y trató de buscarla cuando falleció la madre del marido para intentar de comprar su silencio».

«Lo que hizo fue buscar la forma de de acallar a las víctimas que estoy seguro de que no son solamente ellos, que son muchas más», agregó.

Pacce fue funcionario del gobernador chaqueño Florencio Tenev (1983-1987) y diputado nacional del Partido Justicialista por Chaco entre 1987 y 1991.

Los alegatos
Este jueves, desde las 8, será el turno del alegato de la querella y el jueves hará lo propio la defensa de la acusada, tras lo cual el tribunal estará en condiciones de dictar sentencia.

Si bien estos hechos se produjeron antes de las reformas introducidas por Ley Piazza (2011) y la posterior Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas (2015), los casos no están prescriptos y pueden ser igualmente juzgados hoy en virtud de los tratados internacionales que Argentina ya había suscripto en esos años.

Las sobrevivientes y protagonistas de esta historia pasaron por distintas instancias judiciales hasta lograr llegar al juicio, ya que el tiempo transcurrido entre los abusos y la denuncia -unos 37 años- imponía el argumento judicial de la prescripción.