LOS TEMAS DE LA SESIÓN
También se aprobaron vinculados a la situación generada por los incendios en las islas un decreto que requiere al Departamento Ejecutivo gestiones se convoque a una reunión del Piecas-DP; un pedido sobre las acciones realizadas por los faros de conservación en el Delta del Paraná; una solicitud al Ejecutivo municipal para que elabore un protocolo de actuación institucional y recomendación a la población sobre calidad del aire y un decreto que requiere el cumplimiento de la ordenanza Nº 10.082 que creó el Distrito Ambiental de las Islas de Rosario.
Por otra parte se votó un mensaje del Departamento Ejecutivo que autoriza a contratar mediante concurso de precios para la adquisición de bienes y servicios para obras en barrios populares, iniciativa a la que se opuso la bancada de Juntos por el Cambio.
Crearon un Programa de Acceso Digital para Bibliotecas Populares.
En tanto se recordará en bulevar Oroño y Córdoba a Ángel “Tacuarita” Brandazza.
Control económico financiero de inversiones
De manera unánime en general y con el voto en contra del interbloque de Todos, integrado por las bancadas de Todos Hacemos Rosario; Frente de Todos-PJ, Iniciativa Popular, y Unite-Un Gol para Rosario en los artículos 10 a 17 y 21 y 22, se votó una ordenanza que crea el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, a partir del proyecto del Departamento Ejecutivo y las iniciativas que presentaron la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Martín Rosúa y los integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, y la bancada de Ciudad Futura, con diversos aportes que se hicieron en el marco de las reuniones de las comisiones y con la participación de la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Juliana Conti, que hoy presenció la sesión.
En la ordenanza se determina que el Sistema deberá ser aplicado por todas las áreas del Departamento Ejecutivo, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos y todos los órganos descentralizados, quienes deberán recabar información correspondiente según el trámite o procedimiento; aplicar el protocolo de alertas sospechosas y elevar a la autoridad de aplicación los reportes de aquellas situaciones susceptibles de ser consideradas alertas sospechosas.
En el artículo 3º de la normativa se determina que los responsables de tales áreas deberán requerir de todas las personas humanas, jurídicas, fideicomisos, patrimonios de afectación, entre otros, diversa documentación, mientras que el artículo 4º se establece que el Sistema se aplicará solicitará en las presentaciones de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro para venta y alquiler de vehículos y motos, comercios de armerías, casas de juegos, apuestas o casinos y para los casos de loterías especifica se aplicará cuando el plan de inversiones sea igual o superior a 2 veces lo establecido por la Ordenanza General de Contabilidad (OGI) que determina el llamado a licitación pública, y en el mismo caso para los rubros comprendidos en la ordenanza Nº 7.218, de espectáculos públicos.
También incluye a hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, cuando el plan de inversiones sea cuatro veces superior a lo dispuesto para el llamado a licitación pública; playas de estacionamiento y cocheras – 2 veces dicho monto-; guarderías náuticas -4 veces-; restaurantes y bares -2 veces-; concesiones públicas de obras y servicios; entidades financieras; agencias de viajes y turismo; construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles de más de 500 metros cuadrados; solicitudes de convenios urbanísticos, y adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis y/o remises por parte de una misma persona humana o jurídica.
La normativa crea el Protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de constituir delitos económicos; define las alertas sospechosas y establece las pautas para detectar las mismas.
Como autoridad de aplicación crea la Agencia contra el Lavado de Activos y en el artículo 11º
Determina que la misma está especialmente facultada para:
a) Generar, recibir y/o procesar reportes de AS en el marco de la presente ordenanza.
b) Evaluar en cada caso la pertinencia de proceder a su informe por ante la unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia, o desestimar fundadamente el reporte de alertas cuando entienda que no se vislumbran elementos suficientes, procediendo a su archivo en un registro creado a tal efecto.
c) Cuando lo considere pertinente, emitir sugerencias a las áreas municipales que correspondan, relativas al criterio a adoptar en el trámite administrativo en el cual se ha generado la alerta.
d) Deberá gestionar convenios de reciprocidad para la búsqueda e intercambio de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), otros municipios y toda otra que se estime conveniente en para el mejor cumplimiento de los objetivos encomendados a la Agencia.
e) Crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos, poderes y niveles del Estado para propiciar intervenciones frente a supuestos que hagan presumir la comisión de delitos de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
f) Proponer y desarrollar políticas públicas en materia de prevención, detección y represión del lavado de activos de origen delictivo, con participación de los distintos organismos del sector público y del ámbito privado.
g) Brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
h) Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus tareas en las materias de su competencia a cualquier organismo público, personas jurídicas de derecho privado y personas humanas.
i) Registrar y actualizar periódicamente las causas judiciales en las que la Municipalidad de Rosario haya tomado intervención a través de la Agencia.
j) Impulsar la capacitación y formación en la materia a los agentes del sector público municipal y entidades del sector privado.
k) Conformar un cuerpo de profesionales y técnicos especializados en la materia y constituir, en caso de considerarlo necesario, un Comité Técnico ad hoc para la evaluación de alguna alerta en particular, con la participación de las áreas municipales técnicas y/o referentes del sector profesional que sea requerido.
l) Implementar y/o adaptar de manera inteligente, ágil y eficiente, y de acuerdo a los fines de la presente ordenanza, las bases de datos existentes a nivel municipal, a los fines de centralizar la información obrante en las distintas dependencias del Departamento Ejecutivo municipal y permitir el entrecruzamiento permanente con información proveniente de otras dependencias estatales, con el objetivo de detectar posibles maniobras de lavado de activos y emitir las alertas correspondientes.
m) Suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe a efectos de generar un canal ágil y eficaz para garantizar la comunicación y el intercambio de información. A través del mismo, el MPA podrá solicitar información sistematizada sobre un conjunto de personas involucradas en procesos judiciales en trámite.
n) Elaborar un informe anual de gestión que deberá elevar al Concejo Municipal, resguardando las obligaciones de protección de datos
Intervinieron en el debate que se extendió durante tres horas, de las cuatro horas y media de la sesión, Caren Tepp y Juan Monteverde, de Ciudad Futura; Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario; Martín Rosúa y Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Norma López, del Frente de Todos-PJ; Marina Magnani y Julia Eva Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario, y Miguel Ángel Tessandori, de Volver a Rosario.
Al votarse la totalidad de los ediles prorrumpieron en aplausos.
El Concejo querellante sobre quemas en las islas
Se aprobó una resolución de la comisión de Labor Parlamentaria por la que el Concejo Municipal dispone “constituirse como querellante en las causas “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago culposo (Art. 186, inciso 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”, causa FPA 840/2020, de trámite por ante el Juzgado Federal de Paraná y “N.NS/incendio u otro estrago (Art. 186 inciso 1 Nº FPA 6507/2022)” de trámite en el Juzgado Federal de Victoria, “en razón de encontrarse gravemente comprometido el interés de la ciudadanía de Rosario en los hechos que allí se ventilan, toda vez que se encuentran en riesgo la salud y seguridad pública y la preservación de los humedales y el ambiente, producto de las constantes y reiteradas quemas que se vienen produciendo en el Alto Delta del río Paraná”.
A través de la resolución se faculta a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y a la titular de la comisión de Ecología y Ambiente, María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, a encabezar y efectuar las presentaciones correspondientes ante los juzgados respectivos, así como a disponer los medios y realizar las gestiones necesarias para efectuar dichas actuaciones en aras de la defensa de los intereses colectivos que se encuentran en juego en las causas citadas.
Expuso sobre la decisión la concejala Jesica Pellegrini de Ciudad Futura.
Piden se reúna el Piecas-DP
De la concejala Mónica Ferrero, del bloque Socialista, a quien acompañaron su par de bancada, Verónica Irizar; Fabrizio Fiatti y Ciro Seisas, de Arriba Rosario; la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y Susana Rueda, de Rosario Progresista, se aprobó un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que coordine con el gobierno provincial la urgente convocatoria a una reunión del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP), “con el objeto de abordar la apremiante situación de la quema de los humedales en el Delta del Parná”.
Se plantea que se proponga a la ciudad de Rosario como sede de la reunión, “pudiendo también realizar visitas o recorridos que permitan verificar el estado de situación y trabajar en concreto sobre los sectores más perjudicados por los incendios”.
Por otra parte se propicia que el Ejecutivo municipal solicite la creación, en el marco de la reunión del Piecas de una instancia de participación ciudadana que permita la interacción y la construcción colectiva entre funcionarios representantes de cada jurisdicción y la ciudadanía como principal actor perjudicado por la situación de los humedales del Delta del Paraná.
Sobre el tema habló la autora de la iniciativa la edila Ferrero.
Solicitan un protocolo de actuación sobre calidad del aire
De la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, quien explicó la iniciativa, se aprobó un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo elabore un protocolo de actuación institucional y de recomendaciones a la población para aplicar cuando los valores de calidad de aire medidas por la Municipalidad según lo establecido en la ordenanza Nº 10.073/20 determinen que los niveles de contaminación atmosférica están por encima de los parámetros saludables.
Asimismo se requiere al Ejecutivo municipal que en tales circunstancia publique en intervalos de una hora los resultados emanados de las estaciones de monitoreo automáticas establecidas de acuerdo al decreto Nº 58.824/20.
Piden se cumpla ordenanza sobre el Distrito Ambiental
De la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, a quien acompañaron Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa, de Todos Hacemos Rosario, se dio curso a un decreto que solicita al Departamento Ejecutivo se cumpla estrictamente lo dispuesto en la ordenanza Nº 10.082 que crea el Distrito de Gestión Ambiental de las Islas de Rosario.
Asimismo solicita se informe al Concejo si se han presentado desde el año 2020 hasta la fecha solicitudes para la habilitación de ampliaciones, nuevos usos y el otorgamiento de nuevos permisos para el desarrollo de actividades en el ámbito de las islas de Rosario, brindando información detallada y la resolución de tales solicitudes y respecto a la cantidad de habilitaciones y permisos de uso concedidos para el desarrollo de actividades en las islas bajo jurisdicción de la ciudad de Rosario.
Sobre los faros de conservación
De la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y sus pares de bancada de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, Nadia Amalevi y Ciro Seisas, se votó un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo gestione ante los gobiernos provincial y nacional informe sobre las acciones realizadas por los Faros de Conservación instalados por el Estado nacional.
En tal sentido requiere conocer el protocolo para el control de incendios, marco de seguridad, recursos materiales (embarcaciones, camionetas, autos); personal –tales como guardaparques y brigadistas- previsto para el resguardo de la zona que conforman parte de las acciones de detección temprana, prevención y disuasión de los incendios en el Delta del Paraná; cantidad de focos identificados por las cámaras que se ubican en las torres, cantidad de alertas emitidas con coordenadas geográficas, cantidad de embarcaciones, camionetas y autos para prevenir incendios, acciones y promociones en dicho espacio realizadas por las unidades de guardia para las tareas de manejo del fuego y acciones preventivas en territorio para evitar la acción del fuego en los humedales.
Programa de Acceso Digital a Bibliotecas
De la edila Marina Magnani, de Todos Hacemos Rosario, se aprobó una ordenanza que crea el Programa Municipal de Acceso Digital e Informático para Bibliotecas Populares, que tendrá “como objetivo garantizar por parte del Departamento Ejecutivo el equipamiento tecnológico básico para el desarrollo de actividades pedagógicas” en las bibliotecas, tales como computadora, proyector, y equipamiento de sonido
Sobre el tema habló la edila Magnani.
Señalética para evocar a Brandazza
De la concejala María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, junto a sus pares de bancada, Caren Tepp, Jesica Pellegrini, Pedro Salinas y Juan Monteverde, se aprobó un decreto por el que se incorpora al Programa de Señalética “Mapa marcas por la memoria” la intersección de bulevar Oroño y Córdoba, donde fuera secuestrado Ángel Enrique “Tacuarita” Brandazza, por agentes de la Sub Área de Rosario (SAR) el 28 de noviembre de 1972.
Para tal intersección se determina la correspondiente señalización y una intervención urbana alusiva.
Intervino sobre el tema la concejala Ferradas mientras que en la barra se encontraba una sobrina de Brandazza.