Las maniobras de los policías condenados por blindar de impunidad al clan Alvarado.
La investigación al clan de Esteban Alvarado, que llega a juicio este lunes, derivó en la imputación de siete funcionarios policiales que entre 2020 y 2021 fueron condenados por favorecer a la organización. Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, la pata policial puso a disposición de Alvarado
«parte de los recursos materiales y humanos que se encontraban bajo su responsabilidad como funcionarios policiales para posibilitar el funcionamiento de la asociación ilícita».
«Los funcionarios policiales llevaron a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a brindar impunidad a los crímenes violentos ejecutados por los integrantes de la organización», sostienen los fiscales en la acusación. Indicaron que los distintos funcionarios desviaron investigaciones judiciales, aportaron información reservada , omitieron investigar delitos cometidos por Alvarado y los miembros de su banda, simularon operativos policiales para incorporar información falsa a investigaciones y armaron causas para incriminar a enemigos del grupo. Es decir que no solo habilitaron a que Alvarado y compañía cometieran delitos sino que, mientras pudieron, garantizaron su impunidad.
El primer policía en ser condenado por favorecer a Alvarado fue Pablo Báncora, quien trabajaba en una oficina de la fiscalía y desde ese lugar habilitó información que sirvió al jefe de la asociación ilícita para intentar desviar las investigaciones sobre los ataques al Poder Judicial y a domicilios de funcionarios. En junio de 2019 Báncora fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que los fiscales indicaron que no hubo pruebas para imputarlo por formar parte de la asociación ilícita.
En ese marco el policía fue acusado de pasar información desde la propia oficina de Fiscalía en la que trabajaba. Báncora sabía que un hombre de , Leandro «Chulo» Olivera, tenía el teléfono intervenido, por lo cual le pasó el contacto a la entonces jefa de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, Jorgelina Cháves, que más adelante también sería condenada. Con la información desprendida de la línea intervenida de «Chulo», Alvarado organizó una estrategia para que los fiscales que investigaban los ataques al Poder Judicial creyeran que habían sido obra de este integrante de Los Monos. Ya siendo blanco de sospechas, Báncora fue descubierto al olvidarse abierta la sesión de WhatsApp en una computadora de la oficina en la que trabajaba. En diciembre de 2019 fue condenado a un año de prisión efectiva y a mitad del año siguiente recuperó la libertad.
Seis nombres, las mismas penas
Entre mayo de 2020 y julio de 2021 fueron condenados otros seis policías como integrantes de la banda de Alvarado. Todos recibieron 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 de inhabilitación especial por los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de Cristian Di Franco, los hermanos Marcelo y Martín Rey, Javier Makhat, Luis Quevertoque y Jorgelina Cháves.
Cristian «Chamuyo» Di Franco, según la acusación de la Fiscalía, comenzó a participar en la asociación ilícita en el año 2012. En ese entonces una serie de escuchas telefónicas lo captaron pasando información a Alvarado para favorecerlo en la comercialización de autos robados. Con la misma lógica del traspaso de información, Di Franco habilitó datos sobre allanamientos en Empalme Graneros, barrio donde la banda de Alvarado tenía poder.
Por otra parte, dos investigaciones federales ya habían puesto el ojo sobre Luis Quevertoque, quien mantenía reuniones con gente de Alvarado como uno de los principales nexos con la policía de la provincia. También lo señalaron por especificar a la banda los lugares donde se hacían controles de tránsito para que el grupo pudiera evadirlos en el traslado de su mercadería.
Quevertoque dirigía la ex División Judiciales que investigó a la banda «Los Monos» y a través de la cual habilitaba información a Alvarado y su entonces socio, el asesinado Luis Medina. En ese marco los fiscales indicaron que la participación de los miembros de las fuerzas de seguridad no se acotaba a pasar información sino que también dirigían investigaciones contra bandas rivales.
Otro policía con un aceitado vínculo con Alvarado es Marcelo Rey, quien al menos desde el año 2012 dio aviso de allanamientos que estaban planificados contra miembros del grupo. También coordinó la entrega de vehículos robados por la banda, lo que implicaba que además estuviera al tanto de esta actividad delictiva. Alvarado había agendado a Rey en su teléfono como «Puchee», contacto que utilizó para intentar desvincularse del homicidio de Lucio Maldonado e inculpar a otras personas en ese y otros ataques.
Martín Rey, por su parte, ocupaba un cargo de relevancia como jefe de la Brigada Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI). Desde ese lugar intentó, con el fin de desviar investigaciones, involucrar a un vehículo en un ataque con arma de fuego. Lo hizo insertando un número de patente en un informe de un procedimiento policial que luego fue enviado a la unidad de investigación. El fin era que ese dato condujera a Rodrigo Ortigala —ex hombre de Alvarado que luego testificó en su contra— en el asesinato de Lucio Maldonado.
Rey, en provecho de su rol preponderante en la policía, intentó incriminar a personas ligadas a Los Monos con los ataques al Centro de Justicia Penal y los Tribunales provinciales ejecutados en diciembre de 2018. Les dijo a los fiscales que investigaban que los sospechosos estaban refugiados en la localidad de Pueblo Esther. Según la acusación, «a sabiendas de que eso no era verdadero y con la intención de desviar la investigación». Los fiscales describieron a Rey como «un proveedor de impunidad de la asociación ilícita liderada por Esteban Alvarado».
En junio de 2021 fue condenado Javier Makhat, quien quedó en el foco de investigaciones por primera vez en 2013. En aquella ocasión el entonces comisario Gustavo «Gula» Pereyra —imputado y luego absuelto como integrante de Los Monos— envió un mail a la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione en el que mencionaba que Makhat y Cristian Di Franco habían recibido un lote en Puerto Roldán de parte de Alvarado. A partir de entonces Makhat quedó vinculado en distintas maniobras comerciales y de lavado de propiedades con otras personas relacionadas a la banda.
Por último, en julio pasado fue condenada Jorgelina Cháves, ex jefa de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, quien para los fiscales cumplía «un papel fundamental» en la asociación ilícita. «La Pepo», como es apodada Cháves, fue el nexo a través del cual el policía Pablo Báncora habilitó información desde la propia oficina de la Fiscalía que investigaba los atentados al Centro de Justicia Penal y el homicidio de Lucio Maldonado.
Cuando Báncora firmó el procedimiento abreviado por el cual terminó condenado reconoció haber pasado información a Cháves. Además, los fiscales indicaron que en el teléfono de Alvarado había mensajes de audio de la aplicación Telegram en los que se mencionaba el dinero que había que pagarles a Báncora y Cháves.
