Con fuertes críticas a la investigación, se cumple un año del crimen de la mochilera.
El padre de Cecilia Gisela Basaldúa, la mochilera de 35 años abusada sexualmente y asesinada hace un año en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, cuestionó la investigación realizada por la fiscalía porque «buscar proteger a los responsables» y pidió que se determine quiénes fueron las últimas personas que estuvieron con su hija, a las que vincula con una posible «red de trata o de drogas».
De esta manera, Daniel Basaldúa, padre de la mujer asesinada, criticó a la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien cerró el expediente y elevó a juicio como autor del crimen a un peón de albañil de 24 años, llamado Lucas Bustos, quien se encuentra con prisión preventiva.
«No se investigaron circunstancias muy importantes. Nuestra sospecha es que no se busca el esclarecimiento. Se desvió la investigación para proteger a los responsables. No se investigó a las últimas personas que estuvieron con mi hija. Tampoco se conoce dónde estuvo y con quiénes» entre el 5 de abril de 2020, cuando desapareció, hasta el 25 del mismo mes cuando fue encontrada asesinada, manifestó a Télam el padre de la víctima.
«No se investigaron circunstancias muy importantes. Nuestra sospecha es que no se busca el esclarecimiento. Se desvió la investigación para proteger a los responsables»
DANIEL BASALDÚA
«Prácticamente todos nuestros pedidos y nuestros aportes han sido desestimados. No se investigó la posibilidad de red de trata o de drogas detrás de crimen, tampoco se profundizó sobre una de las últimas personas que estuvo con ella», apuntando en ese sentido a un hombre rosarino de 47 años que alojó a Cecilia en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció.
En idénticos términos se expidió la abogada Daniela Pavón, querellante en representación de la familia Basaldúa, al calificar de «desastrosa» la instrucción de la causa: «A un año estamos en el mismo punto del inicio de la investigación».
«Hoy no hay pruebas que conduzcan al esclarecimiento, ni pruebas que involucren a Lucas Bustos», sostuvo a Télam la letrada, al referirse al peón albañil de 24 años detenido e imputado por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa», que contempla una condena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
Con esa mirada, la bogada Pavón planteó su «oposición» a la elevación a juicio de la causa, que aún debe resolver el Juzgado de Control de Cosquín, y sin bien la única parte legitimada para hacerlo es la defensa del imputado, la querella recurrió a atacar de «inconstitucionalidad» al artículo 357 que determina esa restricción procesal.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también querellante en la causa, el 9 de abril recibió a los padres de Cecilia y en esa oportunidad también se pronunció en contra de cerrar la investigación.
«Hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado», había señalado mediante un comunicado oficial el funcionario nacional.
Horacio Pietragalla Corti, también querellante en la causa, recibió en abril a los padres de Cecilia
En el mismo texto había aseverado que «la causa está repleta de irregularidades», incluso había resaltado que sobre el acusado Bustos «no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima».
El abogado Sergio Sánchez, defensor de Bustos, se sumó a la oposición de la elevación a juicio aunque no lo formalizó como trámite procesal, al fundar esa decisión en que le rechazaron todos los recursos que presentó.
No obstante -dijo- que el expediente tiene una «orfandad probatoria» sobre su defendido, que es una «persona con estudios primarios, retraída y prácticamente sin vínculo social».
«No hay una sola prueba que incrimine a Bustos», afirmó a Télam el abogado Sánchez, quien añadió que la única prueba es el testimonio de la policía que relata manifestaciones supuestamente de su cliente.
El letrado había denunciado por «apremios» a los efectivos policiales que le tomaron declaración, y se espera que la Justicia se expida al respecto y sobre el pedido de libertad.
En 2015, Cecilia integraba la Selección Argentina de Hockey sobre Hielo, y en ese rol integró la comitiva para participar del los Panamericanos en México y, luego de concluir la competencia, se quedó en ese país para recorrer, por cinco años, otros destinos americanos.
En 2019 regresó a la casa de sus padres, en el barrio porteño Núñez, y pasó las fiestas de fin de año y vacaciones con su familia.
En marzo, en el inicio de la pandemia del coronavirus, se trasladó a Capilla del Monte, para instalarse en esa localidad al pie del cerro Uritorco para comenzar a escribir sobre las experiencias de esos viajes.
El 5 de abril fue vista por última vez y fue encontrada asesinada 20 días después en una zona rural de Capilla del Monte, cercano a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del rio Calabalumba, en las proximidades de la vivienda del imputado Bustos.
Abogada Daniela Pavón es querellante en representación de la familia Basaldúa.
Para la fiscal Kelm, según la instrucción de la causa, «en fecha y hora que no se ha podido determinar con exactitud pero comprendida entre las 23 del 5 de abril y el 15 de abril» de 2020, «en lugar tampoco determinado con exactitud…» Bustos «se habría encontrado con Cecilia que caminaba por el lugar, y mantuvo una conversación acerca de caballos».
En ese lugar, Bustos «doblegó al victima» para luego someterla sexualmente y asfixiarla, estimándose que «la asfixia ha sido la causa eficiente de la muerte» de la mochilera.
La abogada Pavón consideró «poco probable» que Bustos, con 1,50 metros y 50 kilógramos lograra doblegar a Cecilia, porque estaba formada en defensa personal y artes marciales.
Este domingo a las 12 se realizará una marcha en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, con la participación de los padres de Cecilia y de organizaciones sociales que reclaman por «verdad, esclarecimiento y justicia».
