Operaciones irregulares desde 2016 en connivencia con el gobierno de Macri.
Veinte empresas apócrifas, a nombre de personas insolventes, utilizadas por la cerealera para simular pagos. Entrega de granos a Vicentin no documentados y la fuga de divisas que financió el Banco Nación. Un nuevo testimonio.
El controvertido caso Vicentin va agregando ramificaciones y amplía el arco de responsabilidades, a medida que se suman denuncias y evidencias de prácticas delictivas implementadas ya desde bastante tiempo antes del súbito «estrés financiero» (según se autodiagnósticó la empresa) que le atacó en diciembre de 2019, dejando una deuda impaga de aproximadamente 1400 millones de dólares. De la misma, el Banco de la Nación Argentina resultó el mayor perjudicado, con préstamos impagos por cerca de 300 millones de dólares. Justamente, en la causa iniciada por las actuales autoridades del BNA en la justicia federal, se acaba de presentar, pidiendo ser citada como testigo, una funcionaria de AFIP que ofrece elementos que probarían que ya desde el año 2016, la cerealera Vicentin había montado «una usina de facturas truchas» para inflar gastos y engrosar las deducciones impositivas. Los elementos que aportaría la testigo ya fueron puestos a disposición del fiscal de la causa, Gerardo Pollicitas.
El escrito presentado ante el juzgado por la funcionaria (cuyo nombre se solicitó a este diario mantener en reserva) señala, con respecto a los resultados de su propia tarea en la agencia de la AFIP en Reconquista, Santa Fe, la existencia de empresas apócrifas (inexistentes) que simulaban operaciones con Vicentin con el innegable propósito de inflar gastos o desviar fondos.
Se trata de veinte empresas, detectadas en septiembre de 2016, que funcionaban como «usinas» de facturas. Es decir, producían facturas truchas. Las veinte, según declara la testigo voluntaria en su escrito, tenían varios rasgos en común: «los presidentes de todas ellas eran personas físicas domiciliadas en los barrios más humildes de Santiago del Estero. En la constitución de las mismas siempre intervienen las mismas escribanías en toda la documentación, Maricel Ros realiza los contratos sociales, y Pontecelli Mónica Lorena confecciona los certificados de domicilio fiscales».
