Niegan la prisión domiciliaria.

Delfín David Zacarías, condenado a 16 años como organizador de una red dedicada al tráfico de cocaína, seguirá preso en la cárcel porteña de Devoto luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario desestimara un pedido de hábeas corpus solicitando prisión domiciliaria a raíz del Covid-19.

El pedido había sido rechazado el 27 de marzo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario pero la defensa lo apeló. Y además presentó un hábeas corpus en un juzgado porteño pero fue rechazado porque Zacarías «no estaría incluido en el listado de las personas en riesgo frente a la pandemia», aunque aclararon que esa nómina «es dinámica». Finalmente, la Cámara Federal rosarina desestimó el recurso por considerar que «no corresponde utilizar el hábeas corpus para sustituir, alterar o provocar un indebido contralor sobre las decisiones propias de los jueces naturales de cada causa».

La semana pasada, en ese mismo sentido, la Cámara Federal de Rosario rechazó el pedido de prisión domiciliaria requerido por Luis Alberto Paz, procesado por liderar una banda narco, y que a raíz de problemas de salud y la emergencia sanitaria solicitó ser trasladado desde la cárcel federal de Rawson (Chubut) a su casa del country Los Molinos de Recreo, al norte de la ciudad de Santa Fe. La decisión de negar el traslado se fundamentó en el decreto presidencial que establece la necesidad de no circular, es decir evitar que las personas se desplacen de los lugares donde se encuentran para evitar la propagación del coronavirus.

En riesgo

El defensor de Zacarías, Fernando Sirio, fundamentó su pedido de prisión domiciliaria basado en que su cliente «se halla en riesgo sanitario a raíz de que su patología de salud está comprendida en la nómina de afecciones que lo hacen vulnerable, peligrando su salud, su dignidad y su vida». El letrado solicitó «en los términos del DNU 260/20 y de la SCJB Resolución PG 158/20 que se disponga el arresto domiciliario de Zacarías y se aplique entretanto el protocolo de emergencia sanitaria, aislándolo a fin de preservarlo».

El 27 de marzo el pedido fue rechazado «con fundamento en un informe de la Cámara Federal de Casación Penal» en el que se indica que «Zacarías no estaría incluido en el listado de las personas en riesgo frente a la pandemia al 20 de marzo». Por ello el 1º de abril Sirio tramitó un hábeas corpus ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26 y peticionó que se oficiara «al Servicio Penitenciario Federal, Unidad de detención de Caba y a la Procuración Penitenciaria de la Nación que se informe y verifique la inclusión de Zacarías en el listado de personas de riesgo».

En tanto, los camaristas federales de Rosario Elida Isabel Vidal, Aníbal Pineda y la secretaria de cámara María Verónica Villate también rechazaron el pedido. Precisaron que lo «atinentes al cumplimiento de la pena debe ser canalizado en el marco de la ejecución de condena, es el juez de ejecución penal quien está facultado para entender en las situaciones que se presenten durante ese lapso, disponiendo el accionante en ese marco de las vías procesales establecidas para oponerse a decisiones que se estimen erróneas, efectuar peticiones o deducir recursos».

En la cocina

El 5 de septiembre de 2013, cuando Zacarías fue detenido por efectivos de fuerzas nacionales en una casa quinta de Funes donde se cocinaba cocaína, Zacarías era uno de los cinco grandes jugadores del negocio de la droga de los que se hablaban en Rosario y el cordón industria.

Cinco días después de caer con 300 kilos de droga y dos mil litros de precursores químicos Zacarías habló con este diario. Se presentó como dueño de una remisería en Granadero Baigorria y manifestó que él se encargaba de trasladar mercadería por cuenta de terceros.

«Tengo los papeles para demostrar cómo compre cada cosa». «Estoy en medio de una guerra política, aunque tengo miedo de nombrarlos, el socialismo y el kirchnerismo». «Esto fue una súper cama que me hicieron». «Tengo miedo de que me muevan de acá y me maten en otro lado para que no siga hablando». «Todo lo que tengo lo hice trabajando porque nunca le tuve miedo a agarrar la pala», fueron algunas de las frases destacadas.

Condenados

Cinco años más tarde, en julio de 2018, Zacarías fue condenado por el TOF 1 de Rosario a 16 años. A juicio llegó comprometido por tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti en una casa donde se cocinaba droga, la droga y precursores químicos decomisados y las escuchas que sugerían la negociación previa con proveedores de esos líquidos.

Al arrancar el proceso Zacarías persistió en una defensa de la que no se correría jamás. Adujo que en 2012 que había denunciado al entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Rosario, Gustavo Serna, porque éste lo extorsionaba pidiéndole dinero para no armarle causas valiéndose del hecho de que tenía antecedentes.

Cuando esa denuncia se difundió se supo que el propio Serna había estado preso como partícipe de una banda dedicada al narcotráfico. Eso hizo que la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, desplazara a Serna de su puesto. Lo que ocurrió entonces, dijo Zacarías, fue que los subordinados del comisario echado le juraron venganza.

«Lo que hicimos mal fue lo que creíamos que estaba bien: denunciar a la Policía Federal. Denunciar que querían que trabajáramos para ellos. Nos dieron un vuelto que es este juicio», dijo Zacarías al momento de utilizar el beneficio de hablar antes de que se escuchara la sentencia. En el juicio se develó el contacto que Zacarías tenia con Olga «La Tata» Medina, también conocida como «La Rubia», transera de la zona norte de Rosario.

Además de Delfín, su esposa Sandra Inés Marín fue condenada a 14 años de cárcel, y sus hijos Joel y Flavia a 7 años. La misma pena recibió Ruth Castro, que al momento de los allanamientos era pareja de su hijo. También fueron condenados Hugo Silva (10 años como coautor de tráfico de materia prima, Javier Silva (siete años) y Alfredo Silva (ocho). Estos hombres residían en Don Torcuato, donde la Justicia presume que Zacarías viajaba para abastecerse de precursores químicos.

Asimismo, también fueron condenados a seis años de prisión los policías Diego Comini y a José Luis Dabat (6 años de prisión). El primero, quien era jefe de la Brigada Operativa Departamental de la ex Drogas Peligrosas, estaba acusado de prestarle protección a la banda que comandaba Zacarías. El segundo, efectivo de la Policía Federal, estaba sindicado de proveerle a Ruth Castro información acerca de los posibles operativos policiales.