Oscar Martínez: “El Programa Incluir debe convertirse en ley”.

El legislador del Frente Renovador-PJ presentó el “Programa Incluir”, un proyecto de ley en sintonía con el Decreto 1184 del Gobernador -que deroga el plan Abre del socialismo-. Este nuevo Plan, a diferencia del anterior, contempla a todos los municipios y comunas de la provincia con una concepción de igualdad e inclusión.
 
 
En la sesión especial de la Cámara de Diputados de este lunes -convocada para tratar el Presupuesto 2021-, Oscar Martínez presentó el proyecto de ley para la creación del Programa Incluir. El mismo tiene como objeto principal, según lo expresado en sus fundamentos, mejorar la calidad de vida de las personas y grupos familiares en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras. Fortalecer además las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal. Por otro lado, impulsará la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver. Y asimismo abordará a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales y consensuará de manera concreta políticas de integración y migración inversa entre municipios y comunas generando las obras de infraestructura y la prestación de servicios que posibiliten la concreción de dichas políticas. Todo esto con una concepción de inclusión e igualdad que abarca a los 365 municipios y comunas que tiene la provincia.
 
Al respecto de la necesidad de la presentación de este proyecto, el diputado del Frente Renovador-PJ afirmó que “A fines del año pasado esta Legislatura sancionó la ley que fuera promulgada con el numero No 13.896, que creó el Programa de Intervención Integral de Barrios para municipios de primera y segunda categoría. Mas allá de las posiciones políticas que se puedan esgrimir, lo cierto es que se sancionó una ley solo para municipios y excluyendo a las comunas a pesar de que obviamente todos son gobiernos locales y en todos ello existen necesidad de mejorar la infraestructura barrial. Más aún sorprendió que el criterio de distribución esté relacionado con la distribución del impuesto de Ingresos Brutos, ya que impacta de mejor manera en los Municipios de primera categoría, es decir los más grandes y perjudica a los demás ”.
 
“Estas circunstancias motivaron diversos reclamos, como la declaración de inconstitucionalidad de la ley entendiendo que se establece un derecho a favor de los habitantes de los Municipios, discriminándose a los de las Comunas, vulnerándose además el Artículo 8° de la Constitución Provincial, en cuanto establece que todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley; y que incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad. Así es que motivado en estos reclamos el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto 1184 del 2020 por el cual declara inaplicable la Ley N° 13.896 -El plan ABRE- y crea el Plan “Incluir” que posee similares finalidades pero que plantea distintos mecanismos de administración y alcanza a los 365 municipios y comunas de la provincia. Nuestra idea es entonces, que ese Decreto se convierta en Ley para que no dependa de la buena voluntad o la sensibilidad del gobierno de turno”, manifestó Martínez.
 
Los detalles del Programa que propone el proyecto de ley
 
Los fondos del Programa se  distribuirán entre los municipios y comunas de la Provincia conforme a los siguientes porcentajes: un 30 % en partes iguales entre todos los municipios y comunas de la provincia; un 60% de acuerdo a la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas (otorgando mayores recursos a aquellos proyectos que impacten positivamente sobre mayor cantidad de población) y un 10% para la ejecución de políticas de integración y migración inversa entre municipios y comunas.
 
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gestión Pública que tendrá la responsabilidad primaria de su desarrollo integral. y ejercerá además las funciones de coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de su ejecución. Asimismo se creará el Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales el que estará integrado por la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y los Ministros de Seguridad, de Desarrollo Social y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Además contará con dos representantes designados por la Cámara de Diputados y dos representantes designados por la Cámara de Senadores; en ambos casos corresponderán uno por la mayoría y otro por la primera minoría.
 
El Consejo tendrá como funciones principales la planificación, monitoreo y evaluación de la estrategia social provincial así como la coordinación dela ejecución de las obras de infraestructura, servicios y mejora barrial, incluyendo obras de saneamiento, agua potable, cloacas y tratamiento de residuos, así como obras de vivienda, a los fines de optimizar la accesibilidad, la urbanización, la disponibilidad de equipamiento social y la calidad habitacional de las personas, priorizando los barrios vulnerables y sectores con necesidades básicas insatisfechas de todos los municipios y comunas de la Provincia.
 
Por otro lado, desarrollará estrategias destinadas a incrementar la inserción socio- laboral, la mejora de la empleabilidad y del entorno socio productivo con especial énfasis en el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad será parte de su tarea y promoverá mecanismos multiagenciales para disminuir los factores de riesgo socio-delictuales que favorezcan situaciones de violencia, delitos o conflictos vulneratorios de la seguridad pública. Propondrá y diseñará medidas tendientes a la promoción de la participación ciudadana, así como de las organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de la comunidad universitaria en el desarrollo, implementación y auditoría de políticas sociales transformadoras e inclusivas que alcancen resultados de impacto y sostenibles en el tiempo; y con igualdad real de oportunidades para mujeres, diversidades y juventudes. Y promoverá la creación de Mesas Consultivas con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de establecer diagnósticos y prioridades de manera participativa, así como la implementación de intervenciones comunitarias, facilitando a tal fin tutorías y mecanismos de asistencia técnica tendientes a fortalecer sus capacidades en la materia, entre otras.