Un total de 825 causas penales por abortos se instrumentaron en 12 provincias, según el CELS.

Para la entidad, estos datos corroboran que “la actual política penal es selectiva, se concentra sobre las mujeres más pobres” ya que el informe demuestra que la mayoría de las mujeres criminalizadas “son de clases bajas”.

Un total de 825 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos se registraron en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según una investigación iniciada en el 2019 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras entidades.

Los datos surgen de las respuestas a pedidos de acceso a la información a fiscalías y cortes provinciales “sobre procesos judiciales iniciados por la figura penal de aborto, de homicidio, homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona en los casos en que la víctima fuese une recién nacide y la imputada fuese la progenitora”, detalla el CELS.

Las provincias de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza y la Justicia Nacional que tiene a cargo causas en la Ciudad de Buenos Aires fueron las que respondieron las requisitorias del CELS.

La entidad dio a conocer además una investigación basada en notas de medios periodísticos publicadas entre 2012 y 2020, en el que identificó 26 casos de criminalización de abortos y 47 de otros eventos obstétricos, distribuidos en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

“La mayoría de las mujeres que fueron criminalizadas fueron, antes, estigmatizadas, culpabilizadas y vulneradas por otros tipos de violencia institucional”
INDICA EL CELS

“Esta política tiene como consecuencia el miedo extendido a ser criminalizada o a perder la vida. En su implementación ejerce distintos tipos de violencias sobre esas mujeres por su género y por su clase social.”, destaca el CELS.

Y agrega que los datos de esta investigación “buscan contribuir a los argumentos que sostienen la necesidad de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, para desterrar esas violencias ejercidas sobre sectores particularmente estigmatizados de la sociedad”.

Respecto a las edades de las mujeres criminalizadas por abortar y que se reflejan en los datos de medios periodisticos, el informe del CELS destaca que “la mayoría tiene menos de 30 años y muchas tienen une o más hijes” y añade que en siete casos de mujeres que se informa que habían abortado tenían entre 2 y 4 hijes; en los casos de eventos obstétricos, en 29 casos se informa que tenían entre 1 y 5 hijes”.

El CELS destaca, además, que si bien la amenaza de encarcelar a la mujer que aborta “existe para todas”, principalmente “encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”.

“La mayoría de las mujeres que fueron criminalizadas fueron, antes, estigmatizadas, culpabilizadas y vulneradas por otros tipos de violencia institucional”, precisa el informe del CELS.

Y destaca que “en la criminalización del aborto y de los eventos obstétricos opera como referencia moral la figura de la “buena madre”, a partir de la esencialización de la noción construida históricamente de “instinto materno”, entre otras estrategias discursivas que acompañan las prácticas criminalizantes”.

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