Sigue la controversia sobre el proceso a un policía acusado por doble homicidio

Dos años antes de acribillar a Emanuel Medina y David Campos tras una persecución, el policía Alejandro Rubén Bustos había sido diagnosticado con un “desarrollo vivencial anormal, 20 por ciento de discapacidad y dificultad alta para la tarea”. Ese dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ignorado por la superioridad de la fuerza, recomendaba un cambio de puesto del uniformado y cinco sesiones semanales de psicoterapia, pero siguió prestando servicio en el Comando Radioeléctrico y portando un arma.

El dato fue expuesto por una psiquiatra que ayer declaró en una audiencia previa al juicio oral por el caso, un trámite que se había suspendido tres veces en cuatro meses. El debate es saber si Bustos fue capaz de comprender lo que hacía al momento del hecho y debe ir a juicio, o si es inimputable y hay razones de salud que impidan el proceso.

Dos posiciones

Los integrantes de una junta interdisciplinaria en salud mental del Ministerio de Salud provincial dijeron que Bustos no estaba en condiciones de portar un arma y actuó con la percepción alterada.

En otra línea, tres médicos de una clínica privada donde el efectivo está internado tras sufrir un intento de suicidio en la cárcel, consideraron que no hay razones para que siga alojado allí y que debe continuar bajo tratamiento si vuelve a prisión.

El juez Hernán Postma deberá pronunciarse en uno u otro sentido una vez que finalice la extensa audiencia preliminar por el caso que tiene a 21 policías imputados. En esta instancia se definirá bajó qué acusaciones y con qué pruebas llegarán a juicio por el doble crimen.

El 23 de junio de 2017 David Campos, de 28 años, y Emanuel Medina, de 32, fueron perseguidos por la zona sur hasta que una camioneta policial los embistió y se estrellaron contra un árbol en Callao al 5700. El auto en el que iban fue rodeado rápidamente por policías que dispararon a mansalva sin que los jóvenes se resistieran. Medina recibió nueve balazos y Campos cinco.

Las pericias arrojaron que a Medina y Campos los alcanzaron siete balas disparadas por Bustos y una del arma de Leonel Emiliano Mendoza. Los dos están acusados de homicidio calificado por el abuso de la función policial, un delito con pena perpetua. Otros 19 efectivos están imputados por encubrimiento agravado, incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica.

Vaivenes

Desde el inicio de la causa los abogados de Bustos reclamaron un examen psiquiátrico de su cliente hasta que en marzo el fiscal de Homicidios Adrián Spelta remitió su pliego de preguntas a una junta especial integrada por la médica psiquiatra y legista Alicia Travesani, el psiquiatra Mariano Molina y el abogado Marcelo Martínez. Los profesionales entrevistaron tres veces al acusado y fueron los primeros en exponer ayer.

Travesani explicó que Bustos vivió distintos episodios traumáticos: “En 2006 se le muere un compañero en los brazos en un tiroteo y en 2013 recibió varias heridas de bala por lo que tomó una licencia psiquiátrica. A los dos años fue examinado y se detectó “un desarrollo vivencial anormal, 20 por ciento de discapacidad y dificultad alta para la tarea”.

Ese dictamen dispuso que Bustos debía cambiar de puesto pero eso no ocurrió y desde entonces “iba habitualmente a la guardia del Heca a que lo medicaran cuando tenía síntomas de activación postrauma”. De manera discontinua el policía retomó el tratamiento en 2016 hasta que en 2018, tras un intento de suicidio en la cárcel, fue internado.

Para la psiquiatra, ese cuadro que acarreó por años seguía vigente al momento del hecho. “Cuando una persona que ha tenido un estrés postraumático se encuentra nuevamente en tensión puede reactivar la sintomatología”, precisó. Para aclarar, su colega Molina comparó la situación con lo que puede experimentar un veterano de guerra.

Los dos psiquiatras explicaron que, en medio de la tensión incrementada por los mensajes de la radio policial, durante la persecución Bustos sufrió una crisis de pánico, casi provoca el vuelco de la patrulla y al advertir un objeto naranja bajo el auto de Medina y Campos interpretó que habían atropellado a un operario cuando era un cono de señalización vial. Y coincidieron en que el acusado alucinó haber escuchado un disparo.

“Escuchar o ver cosas que no sucedieron son situaciones propias de un cuadro postraumático. Esta persona no pudo controlar su impulso. Hizo una comprensión errada de la situación y en función de esa distorsión reaccionó”, agregaron.

En ese momento, indicaron que se produjo en Bustos una “disociación de la realidad”, un “recorte” mediante el cual “se autoexplica las cosas para seguir vivo”. Es por eso que “sigue reivindicando que el disparo que escuchó existió y lo sigue experimentando en sueños”. Así, los profesionales desaconsejaron su presencia en el juicio al entender que supone riesgos para su salud.

A su turno, el forense Carlos Alberto Elías consignó que Bustos padece “un cuadro típico de un trastorno de ansiedad”, con un discurso de “fuerte reivindicación acerca de su inocencia”. Dijo que en las últimas entrevistas advirtió en el policía alteraciones propias de la toma de medicación psiquiátrica. Y evaluó que a pesar de los tratamientos “nunca terminó de mejorar”.

Por último, dos psiquiatras y un psicólogo de la clínica donde está alojado Bustos, dieron detalles sobre su internación a raíz de un cuadro depresivo, aunque aclararon que actualmente “no tiene criterios para estar internado, el cuadro por el cual ingresó remitió y se siente mejor”. Por eso recomendaron que siga con tratamiento fuera de la institución.

Tras la exposición, una perito de parte de la querella y otro de la defensa, la audiencia continuará el próximo martes. Entonces está previsto que expongan un segundo perito de la defensa, dos de la Fiscalía y dos representantes del Servicio Penitenciario que deben explicar cuál es la infraestructura para alojar a un interno bajo tratamiento psiquiátrico. Luego las partes formularán sus alegatos de cara a una resolución que defina si el principal acusado llega o no a la instancia clave del juicio.

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