San Lorenzo: el exjefe de la Alcaidía seguirá en la cárcel dos meses más

El ex jefe de la Alcaidía de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo José Budiño continuará preso al menos otros dos meses en la causa por cohecho y exacciones ilegales que se inició en agosto del año pasado, cuando fue acusado de cobrar un canon a cambio de beneficios en celdas VIP como internet, celulares, televisores, parrillas móviles y bebidas alcohólicas, entre otros elementos. La situación del policía que lleva cuatro meses tras las rejas volvió a discutirse ayer en una audiencia en los Tribunales provinciales de San Lorenzo, donde el juez Eugenio Romanini dictó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días.

Budiño está acusado por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por siete hechos de exacciones ilegales. El ex titular de la alcaidía había sido detenido en agosto, cuando efectivos de Gendarmería Nacional allanaron la alcaidía en el marco de la investigación sobre beneficios que gozarían varios internos alojados en esa dependencia. En la requisa se secuestraron más de diez teléfonos celulares, chips de memoria, seis cuchillas de carnicero, media docena de armas blancas, televisores de 40 y 50 pulgadas y piedras para afilar.

En tanto jefe de la dependencia, a Budiño se le atribuyó haber permitido el acceso y la permanencia de elementos prohibidos en poder de los internos allí alojados, objetos que representaban un peligro para la seguridad de la Alcaidía, de los agentes y de los propios detenidos. Además se encontraron bebidas alcohólicas, parrillas móviles y cajas de pizzas que llegaban a través del servicio de delivery, routers, tablets, herramientas y alcohol etílico “como para volar la Jefatura”.

Dos chicas

Por último se le imputó haber obstaculizado el traslado de dos mujeres que habían sido detenidas a la Nueva Alcaidía de Rosario a pesar de que ese desplazamiento había sido ordenado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ese hecho ocurrió el pasado 2 de agosto cuando el MPA ordenó el traslado de D.G. y A.G. a la Alcaidía Mayor de Rosario. Pero, según la imputación, el jefe policial impidió la medida al imponerse por sobre el personal encargado del traslado. Esa situación motivó el allanamiento ejecutado por Gendarmería tras el cual se detuvo al jefe policial.

Por último a Budiño le atribuyeron haberle exigido a siete personas distintas dinero en efectivo para mudar su lugar de alojamiento desde el patio hacia una habitación con ciertos beneficios en el interior de la Alcaidía. Los investigadores comprobaron que los internos pagaban mil pesos semanales para recibir los beneficios.

A los dos días de su arresto Budiño fue imputado por el fiscal. El comisario entonces negó los cargos en su contra y explicó que en casi 30 años de servicio nunca tuvo ni un arresto.

La jueza Griselda Strólogo le otorgó entonces la libertad. Pero esa decisión fue apelada por la Fiscalía y en septiembre la jueza de la Cámara Penal de Rosario Gabriela Sansó revocó la medida y le impuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Al vencerse ese plazo, ayer el fiscal Matías Edery —en suplencia de su par sanlorencino Aquiles Balbis— solicitó que la detención vuelva a extenderse. El funcionario del MPA alegó que Budiño tiene que llegar a juicio en prisión porque su condición de policía jerárquico podría servirle para entorpecer las pruebas, porque tuvo vínculos con personas detenidas que van a declarar en el juicio y ya tuvieron una relación extorsiva con él. Además indicó que las pericias a los celulares daban cuenta de otras situaciones que podrían encuadrarse en más delitos para imputarle. En ese marco el juez Romanini extendió la medida por 60 días más.

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