Nadie podrá quedar detenido mas de ocho horas en una comisaría

vigilancia. Una detención del jueves pasado por violar el aislamiento. El sábado a 29 infractores los concentraron en la seccional de barrio Godoy.

Las detenciones por violentar la cuarentena —más de mil por día en la ciudad— motivaron un planteo del Servicio de Defensa Penal ante el riesgo del encierro transitorio en comisarías para los infractores, los presos comunes y el propio personal policial. La preocupación quedó plasmada en un hábeas corpus al detectarse que el domingo una seccional de la zona oeste rosarina concentró a 29 personas detenidas a lo largo de doce horas en un penal. Ante esa situación el fiscal general Jorge Baclini dispuso ayer que “en ningún caso la persona deberá permanecer más de ocho horas en la dependencia policial” y que la misma policía propiciará el rápido regreso a su domicilio de quienes no respetan el aislamiento.

Esa indicación fue fijada junto a una serie de pautas de trabajo para policías y fiscales de la provincia sobre cómo actuar. En esa guía, Baclini instó a las fuerzas de seguridad a disponer el regreso de los infractores a sus domicilios luego de formarles causa penal pero sin necesidad de realizar una consulta previa con las Fiscalías. Es que en jurisdicciones grandes, como la de Rosario, las dos líneas telefónicas habilitadas se saturan ante la gran cantidad de llamados y eso demora los trámites.

Hacinamiento

Una situación preocupante, previa a esas pautas, se detectó el domingo en la comisaría 32. A partir de un posteo en Twitter la Defensa Pública rosarina advirtió que en la seccional de barrio Godoy había 29 personas confinadas desde las 10 de la mañana en condiciones de hacinamiento. De ellas, 18 habían sido detenidas por circular sin motivos válidos lejos de sus domicilios y el resto eran internos de penal policial.

Ante la consulta al personal policial, la respuesta fue que estaban aguardando el contacto con un fiscal indicara cómo proceder. Una respuesta que en la mayoría de los casos suele ser la imposición de un arresto domiciliario hasta que la persona pueda ser sometida a audiencia imputativa cuando termine la cuarentena.

El defensor regional Gustavo Franceschetti promovió en las primeras horas de la tarde de ayer un hábeas corpus correctivo ante el contrasentido que supone concentrar a numerosas personas en un espacio reducido cuando se trata de una actuación en resguardo de la seguridad pública. Es que ese contacto en espacios reducidos aumenta las chances de contagio de la enfermedad y eleva “los riesgos de propagación entre el personal policial y los detenidos”.

Uno de los casos era el de un joven que iba a la casa de su novia, ubicada a tres cuadras. Otro, el de una mujer que argumentó estar realizando un trámite para una persona mayor. Con el paso de las horas, una vez evacuadas las consultas de los policías con un fiscal, los detenidos en infracción regresaron a sus domicilios alrededor de las 22 del domingo. La medida volvió abstracto el planteo judicial, que por ese motivo fue rechazado por el juez penal Carlos Leiva.

“La ciudadanía debe acatar la cuarentena y respetar las medidas que dispuso el gobierno. Pero es un contrasentido que, por violar el aislamiento, se la aloje en una comisaría sin condiciones de higiene, salubridad y resguardo”, dijo Franceschetti y agregó: “El problema es el de siempre: cuando queremos resolver problemas sociales con el sistema penal no nos alcanzan las manos. Se puede notificar a la persona y llevarla a su casa sin encerrarla en una comisaría”, advirtió.

Nueva unidad fiscal

Para abordar los casos de personas que incumplen con el decreto presidencial que dispuso la cuarentena obligatoria la Fiscalía Regional creó una unidad especial que, en Rosario, está a cargo de los fiscales Gustavo Ponce Ashad y Marcelo Vienna en turnos de 24 horas cada uno. Desde la Unidad indicaron que la demanda es de más de mil casos por día. En algunos casos la consulta desde las seccionales ingresa rápido pero con telefónos saturados el trámite tarda horas. “La gente no toma conciencia y sigue infligiendo la norma”, argumentan

El fiscal Baclini remitió ayer una guía de actuación a las distintas regionales y al Ministerio de Seguridad. Allí, en el punto decisivo, estipuló que “la persona deberá permanecer más de ocho horas en la dependencia policial y la misma policía hará trámites para la libertad de la persona”, sin necesidad de consulta previa a un fiscal, salvo en casos dudosos o si tiene antecedentes.

La autoridad informara que se le instalará una aplicación de rastreo en su celular y se le abrirá una causa por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, delitos con seis meses a dos años de pena condicional.

En caso de estar circulando a bordo de un vehículo sin una justificación válida, la persona será conminada a entregarlo junto con las llaves. De acuerdo con estas nuevas pautas, la policía deberá trasladar al infractor a su domicilio,

La defensa pública tachó de contrasentido juntar personas en un espacio reducido, lo que sube las chances de enfermar

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