Lula rechazó el arresto domiciliario y espera su rehabilitación total

El detenido ex presidente brasileño Lula da Silva rechazó el beneficio del arresto domiciliario que ha solicitado la fiscalía, y afirmó que prefiere esperar en prisión la presunta anulación de su condena por la Corte Suprema. “No cambio mi dignidad por mi libertad”, dijo. “Quiero que sepan que no acepto negociar mis derechos y mi libertad”, agregó en una carta pública.

Lula cumple una sentencia de 8 años y 10 meses de prisión y recibió otra condena de primer grado por 12 años, ambas por corrupción y lavado de activos. Además tiene abiertos otros procesos penales. Anteriormente, Lula había anticipado que rechazaba toda opción que no fuera su exculpación total. El viernes pasado se formalizó un pedido de los fiscales del Lava Jato para concederle la prisión domiciliaria, dado que ha cumplido los requerimientos legales.

La decisión de Lula la informó su abogado, Cristiano Zanin Martins, luego de reunirse con él en Curitiba. El abogado salió de la prisión con una carta manuscrita de Lula, que leyó. Allí Lula dice que los fiscales del Lava Jato le deben excusas “al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia por el daño que han hecho a la democracia, la justicia y al país”.

La carta es la respuesta de Lula al pedido por escrito de los fiscales del Lava Jato, que el viernes presentaron a la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución de la sentencia, para que Lula sea beneficiado por el régimen semiabierto, es decir, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. “Quiero que sepan que no acepto negociar mis derechos y mi libertad”, escribió en tono dramático, al parecer dirigiéndose a los fiscales.

Lula fue condenado en tercera instancia a ocho años y 10 meses de prisión por actos de corrupción y lavado de activos por el Superior Tribunal de Justicia (equivalente a la Casación penal), y puede beneficiarse con el cumplimiento de la condena en su domicilio, para lo cual debería usar una tobillera electrónica. Alegan los fiscales que cumplió con un octavo de la pena (está en prisión desde abril de 2018). Pero el ex mandatario espera que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) resuelva algunos de los recursos de hábeas corpus que presentó su defensa para que se anule la sentencia.

En esos recursos, se acusa de parcialidad tanto al ex juez Sergio Moro —hoy ministro de Justicia— y al fiscal Deltan Dallagnol, sobre la base de las relevaciones hechas por el sitio The Intercept Brasil de conversaciones de Moro en Telegram con los fiscales de este caso y de varios más. El ex juez federal de Curitiba y “padre” del Laja Jato alegó que se trataba de conversaciones rutinarias entre un juez y los fiscales sobre cómo llevar adelante las causas y que además la pinchadura de la red social y la filtración de esas conversaciones era un evidente ilícito.

Lula está purgando prisión desde el 7 de abril de 2018, condenado por corrupción y lavado de dinero. El juez Moro consideró probado que recibió de la constructora OAS un departamento en el balneario de Guarujá, cuya propiedad ocultó. Este fallo fue ratificado en segunda instancia, donde se agravó la pena a 12 años, y luego por el Superior Tribunal, que la ratificó pero rebajó la pena a 8 años y 10 meses. Además, Lula ha sido condenado en primer grado por otro caso similar, también por usufructuar una propiedad de lujo, a otros 12 años de prisión. Esta sentencia aún no fue ratificada en segunda instancia, lo que habilita en el régimen brasileño el inicio del cumplimiento efectivo de la pena. Este punto fue debatido por el Supremo a propósito del caso de Lula y ratificado por el máximo tribunal en una audiencia pública que fue transmitida en vivo por la televisión. Los miembros del Supremo Tribunal deben reunirse mañana para discutir más pedidos de anulación de la sentencia de Moro.

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