“LA EMERGENCIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN ARGUMENTO PARA QUE LOS EMPRESARIOS SE LLEVEN PUESTO EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA POSPANDEMIA”.
El bloque del Frente de Todos votó negativamente el proyecto del Ejecutivo que delega en el intendente Pablo Javkin la posibilidad de renegociar contratos con las empresas prestatarias del Transporte Urbano de Pasajeros, iniciativa que finalmente fue aprobada esta tarde en el Concejo Municipal.
“La coyuntura no puede convertirse en argumento para que los empresarios del sector se lleven puesto el transporte público de la pospandemia”, sostuvieron en un comunicado oficial los ediles Eduardo Toniolli, Norma López y Alejandra Gómez Sanz.
“Coincidimos con la idea de que el TUP está en emergencia, producto de una crisis previa, y hoy -fundamentalmente- por la caída de usuarios como consecuencia de la pandemia. Pero si tenemos en cuenta que, en comparación con 2019, el transporte urbano de pasajeros de Rosario va a recibir en 2021 un 460% más de recursos del Estado provincial (incluyendo el Boleto Educativo Gratuito cuando vuelvan las clases presenciales), y 278% más de Nación, entendemos que hay señales que nos brindan certezas para el futuro cercano”, asegura el texto difundido luego de la votación.
Asimismo, los ediles justicialistas presentaron una alternativa -desestimada por la alianza oficialista- que proponía que el Intendente, luego de renegociar los contratos con las empresas prestadoras del servicio, enviara los nuevos contratos al Concejo Municipal para su ratificación o rectificación.
“Planteamos esto porque -en un marco de excepción- el Ejecutivo va a renegociar condiciones que van a significar un cambio a la baja de los estándares que exigía el pliego (características de las unidades, cantidad de líneas y servicios, recorridos barriales, etc)” explicaron los concejales del Frente de Todos, y señalaron que “si por medio de los contratos se van a alterar las condiciones de un pliego que fue aprobado por el Concejo, corresponde que estos pasen por el Concejo”.
“El proyecto del Ejecutivo plantea una serie de fines a cumplirse en la negociación con las empresas, que resulta previsible que entren en tensión. Por ejemplo: sostener la calidad del servicio y garantizar la rentabilidad empresaria. Sostenemos que el Estado deberá buscar un equilibrio para que la tensión no se resuelva vulnerando los derechos de los usuarios, y afirmamos que el garante de ese equilibrio, y de que se defienda la movilidad de los rosarinos, tiene que ser el cuerpo legislativo local”, apuntaron.
