FUNCIONARIOS DE DIVERSAS ÁREAS EN SEGURIDAD

Se analizó como tema central la implementación del Subprograma de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas de Usurpaciones y cuestiones relacionadas a tal problemática.

Presidió la reunión el titular de la comisión de Seguridad, Roy López Molina, de Cambiemos, y en el inicio y el cierre intervino también la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.
Participaron de manera presencial en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre”, junto a la vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal y el coordinador general de la Secretaría de Género y Derechos Humanos municipal, Martín Illia.
En tanto a través de teleconferencia participaron los ediles y edilas Alejandro Rosselló y Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio; Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario; Fabrizio Fiatti, de Creo; Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Norma López, del Frente de Todos-PJ; la directora del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo de la provincia, María Laura Pasquero; la subsecretaria regional del MPA, María Belén Torossi y la secretaria de Gestión Administrativa y Procesal de la Fiscalía Regional, María Victoria Druetto.
Luego de un breve saludo de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, el presidente de la comisión, Roy López Molina, hizo mención a la creación del “Subprograma de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas de Usurpaciones, para que la víctima pueda llegar a la justicia”, dado que, sostuvo, hay quienes desisten y “pueden quedar en el peor de los mundos”.
Del fiscal Serjal, Illia y Pasquero
En su primera intervención el fiscal regional, Serjal, aludió a la “situación de violencia que tenemos, con muchas de las bandas ligadas al narcotráfico, pero que son motivo de delitos locales, en los que hemos asumido la competencia”.
Planteó la existencia de las usurpaciones por parte de bandas “para hacer sus negocios” y precisó que desde el 2015 se han realizado “trabajos multiagenciales”, en barrios tales como Santa Lucía, Municipal, en Grandoli y Gutiérrez, y por otra parte mencionó a las “usurpaciones de espacios públicos”.
Estimó como “muy interesante, seguir el proceso y dar asistencia a la víctima”.
Posteriormente el coordinador general de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, Illia, también marcó la trascendencia del trabajo conjunto “entre la Municipalidad, la provincia y el MPA, como una articulación permanente”.
Dijo igualmente Illia que “saludamos la ordenanza que establece un marco institucional para garantizar el acceso a la justicia” y mencionó la figura del “amicus curiae”, para también enfatizar que “tenemos el desafío de implementarla y reglamentarla, nos hacemos cargo de lo que nos toca”.
La responsable del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo,Pasquero, también resaltó la tarea conjunta con la Municipalidad y la Fiscalía Regional, “en esta problemática social.
Ejemplificó que entre los lugares en los que requieren asistencia está el barrio Zona Cero, para destacar que los pedidos llegan “por amenazas, daños, amenazas coactivas”. Igualmente sostuvo que estas situaciones ocurren cuando están quienes “tienen las viviendas en estado irregular, no se suele dar cuando tienen título de propiedad perfecto”.
Dijo que desde el organismo que dirige se trabaja en el camino de la descentralización y estimó que “la idea de la centralización puede dificultar el abordaje”.
Narró Pasquero que suelen llegar “pidiendo un abogado, un penalista, es lo que expresan”, para plantear la importancia de otras acciones. Dijo que desde la Defensoría “los acompañamos a hacer la denuncia o preparamos un escrito”.
También calificó como “extraño” que “alguien quiera recuperar su casa, no quieren volver, porque no suele suceder que se las devuelva de inmediato”, por lo que aludió a la tarea de “gestionar un traslado o gestionar un subsidio para que puedan alquilar”.
Hizo énfasis Pasquero en la necesidad de “escuchar mucho” y dijo que las soluciones siempre son complejas. “Me parece fundamental -cerró- que trabajemos interdisciplinariamente. No podemos ejercer la tutela de las víctimas, tenemos que comprenderlas”.
En tanto la secretaría de Gestión Administrativa y Procesal de la Fiscalía Regional, Druetto, también coincidió en que buscan quienes reclaman la intervención por parte del derecho penal, “pero es un derecho de último ratio”, para también resaltar la importancia de la tarea multiagencial.
Preguntas de los ediles y edilas
La concejala Martínez consultó específicamente sobre la situación en Empalme Graneros y en otro orden respecto a la intervención por parte de la justicia provincial en las causas de narcomenudeo.
La edila Gigliani, por su parte, destacó la intervención de la representante de la Defensoría del Pueblo y consulto al fiscal regional respecto a “cuántas denuncias se hicieron y cuántas se sostuvieron”, pregunta en la que coincidió el edil López Molina.
También preguntó sobre los datos de la tasa de denuncias el concejal Rosselló, quien por otra parte requirió precisiones acerca de los números de la Oficina de Salidas Alternativas, en el ámbito del MPA.
El fiscal regional, Serjal, destacó que en el primer semestre del año fueron en el ámbito de la ciudad de Rosario, 189 denuncias por usurpaciones, aunque aclaró que “no todas ligadas a la actuación de grupos delictivos”, y en tal sentido aludió a las que se dan respecto a “acceso a la vivienda”.
Al contestar sobre la posibilidad que sea la justicia provincial la que encare el tema narcomenudeo, resaltó que ello “es una decisión política”, para indicar que así ocurre en las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, y consignar que “ello es el último tramo del delito”.
Resaltó en tanto la tarea que desarrollan en cuanto a la “ruta económica del delito” y dijo que “la idea nuestra es avanzar en esa dirección”.
Martín Illia a su turno, marcó que la tarea que encararon desde la Dirección de Empoderamiento y Asesoramiento a la Víctima, fue trabajar “a donde no llega el proceso penal” y resaltó la actividad en conjunto con por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Insistió en que “desde el municipio generamos estos procesos de acceso a la justicia”, para también destacar la “colaboración en los abordajes”.
La concejala Rueda, igualmente resaltó la reunión y solicitó mayores precisiones en cuanto a los números de las usurpaciones.
Sobre las salidas alternativas sostuvo que “está dentro de lo que prevé el Código Procesal Penal” y mencionó entre ellas lograr que cese el estado antijurídico, respecto a un inmueble.
Por su parte, Druetto, ratificó que en lo que va del año se recibieron 189 denuncias, tanto respecto a viviendas como a terrenos públicos.
Brindó también los datos respectos a los llamados al 911 para denunciar este tipo de ilícitos y así dijo que por “usurpaciones violentas”, fueron 71 en enero, 48 en febrero, 82 en marzo y 27 en abril y respecto a terrenos, 49, en el mes de enero, 40 en febrero, 31, en marzo y 23 en abril.
En el final del encuentro agradecieron tanto el concejal Roy como la titular del cuerpo, Schmuck, quienes destacaron la predisposición del fiscal regional y en general del MPA, ante requerimientos del Concejo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 × 2 =