Europa rechazó la criminalización de las ONG que salvan a refugiados

La Comisión Europea ha instado a los gobiernos europeos a no criminalizar a las ONG que contribuyen a salvar vidas en el Mediterráneo y les ha reclamado que lleguen a un acuerdo temporal que permita el desembarco y distribución de las personas rescatadas entre países de forma voluntaria.

“Ninguna forma de asistencia genuina a inmigrantes debe ser criminalizada en virtud del derecho de la UE”, ha defendido el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la situación en el Mediterráneo a raíz del caso de la capitana Carola Rackete del barco ‘Sea Watch 3’, que fue detenida y tuvo que comparecer ante un juez en Italia por desembarcar a 40 inmigrantes en Lampedusa sin autorización.

El rescate de personas en naufragio “es una obligación en virtud del Derecho Internacional” y una “obligación moral”, ha avisado, reconociendo “el papel importante” de las ONG en el Mediterráneo “para salvar vidas en el mar”, aunque “todos los actores deben seguir las instrucciones recibidas de las autoridades nacionales que coordinan las operaciones de búsqueda y rescate”.

Esfuerzo de acogida, desigual

El comisario ha subrayado que “lo más importante” es que haya “solidaridad” entre países en los esfuerzos de acogida una vez son desembarcados y ha avisado de que “las soluciones ‘ad hoc’ no pueden ser sostenibles” y se necesita un mecanismo “predecible, temporal” para el desembarco, “práctico y voluntario” con el respaldo financiero y operativo de la UE. Esta desigualdad en el esfuerzo de acogida es la principal queja de Italia, España, Grecia, entre otros países que reciben de lleno la oleada inmigratoria.

Eso, hasta que se concluya la reforma del sistema de asilo común, “que sigue siendo una prioridad”. También ha pedido a los gobiernos que ofrezcan “más plazas” para acoger a refugiados de Libia y Níger ante la necesidad de “poner fin” a los centros de detención en Libia, tras evocar el bombardeo de uno de ellos en Tayura.

La ministra de Asuntos Europeos finlandesa, Tytti Tuppurainen, ha dejado claro que la UE necesita una solución “a largo plazo, completa y humana” para gestionar los flujos pero Helsinki tratará de avanzar durante su presidencia de la UE en una solución “temporal” para resolver el desembarco y distribución posterior de forma “más estructurada” aunque en base voluntaria y ha insistido en que se necesita una solidaridad “más equilibrada” entre países.

También ha recordado que las llegadas a través del Mediterráneo central han caído y ha insistido en el esfuerzo “bastante modesto” que hacen las ONG, que han rescatado a “menos del 10 por ciento” de inmigrantes del total en lo que va de año, mientras que la mayoría llega directamente a Italia o las rescatan las autoridades italianas.

Durante el debate, los grupos socialista, verde y de la izquierda radical han rechazado la criminalización de las ONG en el Mediterráneo, mientras que el grupo de la extrema derecha Identidad y Democracia y el de los conservadores y reformistas han pedido mano dura contra la inmigración irregular. El mayoritario Partido Popular se ha mostrado menos duro, pero también ha pedido priorizar la protección de las fronteras externas.

Plan “popular”

El portavoz de los populares en el debate, el holandés Jeroen Lenaers, ha rechazado “más soluciones ‘ad hoc'” y ha dicho que pese a “toda la buena voluntad” el esfuerzo de las ONG está ayudando a que los traficantes de personas pongan en riesgo más vidas y ha pedido un enfoque “holístico” centrado en reforzar la protección de las fronteras externas, las repatriaciones de inmigrantes sin derecho a quedarse en Europa y la firma de acuerdos con los países de origen y tránsito.

El eurodiputado del PSOE, Fernando López Aguilar, ha dejado claro que ONG como Sea Watch y Open Arms “en ningún caso pueden ser criminalizadas” y ha considerado “urgente” modificar la directiva sobre facilitación “para que no sea más posible convertir en un delito el salvamento de vidas”.

Pero, agregó, “la respuesta no puede ser Malta, Italia, Grecia o España”, insistiendo en la necesidad de contar con una “respuesta europea”, desbloquear “cuanto antes” la reforma de asilo y garantizar visados humanitarios y vías legales para venir a Europa ante la “tragedia” en el Mediterráneo.

La portavoz de los liberales, la holandesa Sophie in’t Veld, ha asegurado que “lo criminal es dejar que alguien se ahogue” y ha rechazado que las ONG creen “un efecto llamada”. “Hablamos de pequeños barcos que traen 40, 50 personas. Creo que la Unión puede gestionarlo”, ha ironizado, mientras que su compañera de filas, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha defendido que los europeos son solidarios y ha pedido a los gobiernos que tengan en cuenta ejemplos como la reconversión del atunero ‘Aita Mari’.

Desde las filas del grupo de extrema derecha Identidad Nacional, la eurodiputada de la Lega, Annalisa Tardino, ha defendido que “solo Salvini ha intentado acabar con el negocio” de los traficantes y que su política de puertos cerrados “ha permitido menos desembarcos y menos muertes” en el Mediterráneo, al tiempo que ha tachado de “hipocresía” que Francia cierre sus puertos y condecore a la capitana Rackete.

“El efecto llamada es una realidad”, ha cargado a su vez el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, en nombre del grupo de los Conservadores y Reformistas. “No podemos admitir que desde las instituciones comunitarias se anime la actuación de aquellos capitanes que quieren seguir trayendo de forma ilegal seres humanos”, ha remachado, tras reclamar una “lucha implacable” contra las mafias y “sus cooperadores necesarios”.

Desde la izquierda y los Verdes también han rechazado la criminalización de las ONG. “Salvar vidas nunca puede ser un delito”, ha resumido el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, que ha instado a Europa a “romper” con “el juego macabro de Salvini” _al que ha acusado de utilizar la muerte de inmigrantes “para ganar votos”_ y poner en marcha un sistema de salvamento marítimo público de la UE. Sin embargo, los partidos con responsabilidad de gobierno, sean socialistas o “populares”, son los que tienen el poder real de decisión. Y desde los países con costas sobre el Mediterráneo presionan por compartir los costos y el esfuerzo desde hace muchos años, sin recibir una respuesta seria.