Estupor en El Salvador por la ocupación militar del Congreso
Tras un fin de semana tenso por el enfrentamiento entre el presidente y la oposición en el Congreso, El Salvador despertó ayer con una pregunta flotando en el aire: ¿Qué representó la presencia de militares en la Asamblea Legislativa de un país con poderes autónomos?
La tensión se disparó el domingo, cuando el mandatario Nayib Bukele llegó al Legislativo para encabezar una sesión extraordinaria que convocó para impulsar la aprobación de un préstamo millonario que, dice, le permitiría combatir la delincuencia y las pandillas, pero sólo asistieron 22 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
Lo que alertó a los salvadoreños, activistas, ONGs y prensa internacional no fue la propuesta del mandatario ni el choque entre el oficialismo y sus detractores, que es lo normal en una democracia, sino que Bukele llegó acompañado del ejército: armados con fusiles, cascos y chalecos antibala, militares y policías —algunos de las fuerzas especiales— se apostaron en el recinto.
Con una historia reciente marcada por una guerra civil que duró 12 años (1979-1992) y el control ejercido por militares, la situación del fin de semana desató las alarmas de diversas instancias dentro y fuera del país centroamericano. «Este fin de semana el país ha vivido un episodio bastante peligroso. Se estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional propiciado por el mismo presidente de la República», dijo a Associated Press Jeannette Aguilar, una investigadora universitaria especializada en seguridad y violencia.
Por su parte, Amnistía Internacional expresó que «las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos del país».
No quedaba claro por qué Bukele había ordenado la presencia militar en el Congreso ni por qué las zonas aledañas fueron militarizadas, con cientos de policías y militares armados con fusiles que tomaron control y francotiradores que permanecían en las azoteas de los edificios. «Es un polvorín en términos de fomentar un nivel de conflictividad que no se justifica a partir de la discusión de un préstamo, más bien esa fue la excusa para un forcejeo de poderes donde el presidente lideró este despliegue de abuso y fuerza», agregó Jeannette Aguilar.
La diputada Felissa Cristales, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue una de las pocas parlamentarias que respondió a la cita del domingo, pero se marchó al ver la presencia militar. «Venimos con la mejor voluntad de conversar sobre un tema de importancia para El Salvador, pero veo que el Ejecutivo se está tomando la seguridad de la Asamblea Legislativa». «Sólo falta que les pongan el fusil a los diputados para obligarlos a votar», agregó el diputado independiente Leonardo Bonilla, que también acudió a la cita.
Desde que inició su mandato en junio de 2019, Bukele se ha preciado de su estrategia de combate a las pandillas, que según cifras oficiales ha logrado reducir la violencia por medio de un importante despliegue de militares y policías en diversas partes del país. Bukele, un político y empresario conservador de 38 años, plante un cambio porque no proviene de ninguno de los partidos que gobernaron durante las últimas tres décadas.
