El municipio debe y puede parar estos ilícitos que generan muchos problemas a la gente

“Lo que pasó en el puente Rosario Victoria es como la gota que colma un vaso lleno de situaciones que perjudican no solo a las empresas prestadoras de servicios con cables, si no principalmente a los vecinos de la ciudad, a quienes el municipio debe brindarles respuestas y puede hacerlo en base a esta norma que venimos impulsando desde el mes de abril”, dijo Miguel Tessandori, respecto del proyecto de ordenanza que establece obligaciones para compradores de metales no ferrosos.
“Las obligaciones que se aplicarían a compradores y revendedores permitirían controles efectivos para frenar los robos permanentes de cables y medidores que dejan a los vecinos sin diversos servicios básicos como por ejemplo agua, luz, teléfono, tv por cable y acceso a internet; y también los robos de picaportes, porteros eléctricos y barandas de edificios, viviendas y espacios públicos, o de cruces y placas de los cementerios”, indicó el presidente del bloque Volver a Rosario del Concejo Municipal, para remarcar luego que “estos controles que impulsamos no afectan a la gente que junta este tipo de elementos que encuentra en la calle, o en lugares donde se arroja basura y objetos, porque se aplican a las ventas y compras a partir de determinados volúmenes y montos, para poder identificar si el origen de lo que se comercializa es ilícito y así parar de una vez estos robos que tantos problemas generan a la gente”.
En ese sentido, Tessandori detalló que la iniciativa prevé que cuando las operaciones “sean por un monto mayor a aproximadamente 40 mil pesos, los compradores tendrán que registrar la identidad de quien les vaya a vender estos materiales no ferrosos y también la documentación de los vehículos en los que los lleven; y cuando sean por montos superiores a 100 mil pesos, a estos requisitos se sumará otro, que es que la operación sea bancarizada”.
El proyecto también prevé que, independientemente del cumplimiento de los requisitos ya mencionados, cuando se trate operaciones que involucren materiales como placas de bronce, cruces o elementos religiosos, flexibles de cobre de los medidores domiciliarios de agua o placas de porteros eléctricos, los compradores deberán informar las compras realizadas y los elementos adquiridos tendrán que permanecer en guarda por un mínimo de 3 días, y a disposición de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales que los requieran para su control.
“Nuestro proyecto fija además que, ante incumplimientos de estos requisitos, la Municipalidad, más allá de las denuncias penales que puedan realizarse, deberá clausurar los establecimientos de comercialización”, informó también Tessandori.