El informe reservado del Gobierno sobre el impacto del Plan Bandera contra los narcos de Rosario: «Baja récord en homicidios»

El Gobierno elaboró un informe reservado sobre los resultados que tuvo el Plan Bandera que se puso en marcha en Rosario para desarticular a las bandas criminales ligadas al narcotráfico, que habían convertido a esa ciudad en el lugar más inseguro y violento del país. Concluidos los primeros seis meses del programa, el Ministerio de Seguridad hizo un balance que arrojó como resultado principal una reducción del orden del 70% en la cantidad de homicidios, ubicándolo en los niveles más bajos de los últimos 10 años.

De acuerdo con ese trabajo, en el primer semestre en todo Rosario hubo una reducción de más del 50% de homicidios dolosos frente al mismo período del año pasado, mientras que en las zonas a cargo de las fuerzas federales la disminución interanual estuvo en el orden del 70% en homicidios. “Es la cifra de hechos violentos más baja en los últimos 10 años”, indicó el informe, que agregó: “Esto se complementa con la reducción de 50% en atentados contra la propiedad privada y extorsiones a comerciantes, y una fuerte baja de 55% en cantidad de heridos por armas de fuego”.

El Plan Bandera fue anunciado y puesto en marcha en Rosario en conjunto por autoridades nacionales, provinciales y municipales, que se pusieron como objetivo coordinar la acción preventiva y el combate frontal contra las bandas delictivas. Estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. Después, a la ciudad santafesina llegaron también recursos y unidades de Fuerzas Armadas, asignados a brindar tareas de apoyo.

Los barrios donde las fuerzas federales fueron desplegadas son donde se registraron los últimos años los índices más altos de inseguridad y criminalidad, como Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, La Tablada, General Las Heras, Villa Manuelita, Municipal, Triángulo y Moderno, Barrio Banana, Vía Honda. A esos lugares, según el informe, en los próximos días también se enviarán efectivos a Las Flores, en la zona Sur, y Casiano Casas, Cristalería y Cerámica en Zona Norte. La estrategia fue realizar operativos de saturación simultáneos, sorpresa, diarios y de alta visibilidad en distintos puntos de la ciudad en los horarios de mayor nivel de incidencias, con “dispositivos de seguridad cerrojos, que permiten aprovechar al máximo el despliegue de efectivos en zonas calientes facilitando una buena prevención y persecución del delito”.

Según el trabajo al que accedió en exclusiva Infobae, a Rosario se enviaron uno 1.800 efectivos de fuerzas federales dedicados a seguridad pública, entre Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se enviaron 140 medios logísticos, tres helicópteros y una lancha de procedencia israelí para operaciones de interceptación en la Hidrovía de objetivos ligados al narcotráfico. Todos los recursos fueron puestos bajo el Comando Unificado de Fuerzas Federales, dirigido por el comandante mayor Alejandro Fernández, bajo supervisión política de la ministra Bullrich y del subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

El informe destacó que con todas las jurisdicciones se aplicó una misma estrategia, en la que aportaron tanto el ámbito nacional, el provincial como también el municipal, mediante reuniones de coordinación semanales en mesas de análisis, inteligencia criminal y operaciones conjuntas para la toma de decisiones futuras. “Desde el ámbito federal, fue clave la coordinación y la interoperatividad de las distintas áreas, unificando criterios y alineando la política criminal, en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación , pero trabajando a la par con Ministerio de Justicia, Defensa, la UIF y Ministerio Público Federal”, se indicó.

Además, el balance del primer semestre del Plan Bandera resaltó la “incorporación del Servicio Penitenciario Federal como un actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones con el exterior, para así sacarles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde las cárceles y mandar a extorsionar o matar gente”.

“Se terminó el home office narcopenitenciario”, explicaron fuentes que tuvieron acceso al informe. Se refirieron a la decisión de disponer del régimen de presos de alto perfil, para limitar y controlar al máximo sus movimientos, como así también la consolidación del Grupo Operativo Conjunto (GOC Centro), un comando de fuerzas de élite que tiene el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en materia de inteligencia criminal, para desarrollar investigaciones y operativos tácticos contra el lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado. “Creamos el Grupo de Élite Antinarco de Rosario (GEANRO), para el trabajo conjunto con la Justicia Federal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Se pusieron en marcha investigaciones no solo para el avance de la lucha contra el narcotráfico, sino también para desbaratar la logística financiera de la criminalidad y para retirar armamento de las calles de Rosario”, explicaron.

El informe también resaltó que en el primer semestre hubo más de 220 mil controles sobre las motos, principal medio de movilidad de quienes cometen delitos, con miles de retenciones y secuestros, mediante consultas al Sistema Federal de comunicaciones policiales, como así también controles dentro del auto, pedido de documentación, binomios con perros para restringir movimientos de los delincuentes. Hay 270 investigaciones en curso, con foco en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, siendo esto clave para terminar con cada banda investigada, quitándole sus recursos para reactivarse.

En el trabajo los responsables del Plan Bandera destacaron que se avanzó en el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, controles y requisas preventivos en rutas para frenar la distribución de sustancias ilícitas de manera terrestre, fluvial o por vía aérea, que se complementa con la presencia de efectivos en los barrios para decomisar la mercadería que puedan tener lista para la venta; y también la reactivación de los controles sobre los precursores químicos, tanto en rutas como en empresas.

El Gobierno puntualizó como un hito en el combate contra la narcocriminalidad la decisión de avanzar rápidamente en la implementación del sistema acusatorio en tiempo record, coordinando con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación, que dinamiza los procesos judiciales, ayuda a combatir al narcotráfico y al lavado de activos, y que estaba frenado por una decisión política desde el 2019. “El sistema dio su primer condena por narcotráfico a 28 días de haberse avanzado en la investigación, mientras que en el otro sistema, ese mismo hecho se hubiera resuelto en no menos de tres años”, explicaron.

Asimismo, se le dio más despliegue a la Unidad de Información Financiera en Rosario para investigar los delitos económicos, que son clave para desarticular las organizaciones criminales. “Dimos golpes duros a las distintas bandas que operan en Rosario con más de 500 procedimientos, incautando cientos de kilos de droga, arsenales de armas, y aprehendiendo a 480 delincuentes, prófugos y nuevos líderes de las bandas”.

Entre las detenciones, pusieron énfasis en la captura de Alan Tripi, jefe de la banda narco conocida como “Los Tripis”, que hacía cinco años que se lo buscaba y estaba prófugo. Se recapturó, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a Mauricio “Caníbal” Laferrara, jefe de sicarios de Esteban Alvarado, líder del clan que lleva su apellido. Ese asesino en octubre pasado se escapó de la cárcel de Devoto. “Se puso tras las rejas a Jorge Benegas, cerebro del negocio financiero de Alvarado y Rodríguez Granthon; se desbarató y se puso tras las rejas a la banda de los contadores, que permitían el lavado de activos: se desarticuló la segunda generación de la banda del Delfín Zacarías, y se puso tras las rejas al hijo del Delfín, quien lideraba la banda”, informaron las fuentes.

Por último, el trabajo mencionó las principales iniciativas en materia legislativa, como la baja de edad de imputabilidad a 14 años, para que quienes cometan delitos de adulto, paguen penas de adulto; la ley Antimafia, para ir a fondo contra las bandas criminales y todos tengan la misma condena que su máximo responsable; el proyecto de ley de legítima defensa y cumplimiento del deber, para respaldar a las fuerzas que cumplen con el deber de defender a la gente de bien y cuidar a quienes nos cuidan; y el proyecto de ley de reiterancia, para terminar con la sensación de puerta giratoria de una vez por todas y que los delincuentes que son reincidentes, esperen el juicio en la cárcel”.