El ex fiscal regional “fue parte del plan para exigir y cobrar coimas”

Lo sostuvo la fiscal Gisela Paolicelli en referencia a Patricio Serjal, quien renunció a su cargo el lunes pasado por sus vínculos con el imputado Ponce Asahad.

Mientras el sistema judicial de la provincia trata de sobrellevar la resaca producida por la imputación al fiscal Gustavo Ponce Asahad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se prepara para el próximo mal trago: la acusación a Patricio Serjal, quien hasta el lunes fue el jefe de la Fiscalía Regional 2ª Circunscripción con asiento en Rosario. Ya sin fueros luego de que el gobernador Omar Perotti le aceptara la renuncia y lo dejara al margen del Poder Judicial, Serjal quedó al alcance de la Justicia como cualquier hijo de vecino. “No habrá grandes diferencias (con las imputaciones a Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini) porque los tres pergeñaron un plan para exigir y cobrar coimas”, explicó la fiscal Gisela Paolicelli.

Esta es la semana más complicada, amarga y oscura desde que se implementó en 2014 el actual sistema procesal penal de Santa Fe. La imputación al fiscal Ponce Asahad enlodó no sólo al MPA sino a todo el sistema judicial. Y todo indica que el clima empeorará la semana que viene cuando Patricio Serjal deba sentarse en el banquillo de los acusados por los mismos delitos por los cuales quedó bajo prisión preventiva por 90 días Ponce Asahad, quien fuera su subordinado. Los integrantes de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le achacarán el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados.

Hasta el momento Ponce Asahad y Ugolini fueron acusados de “diseñar y ejecutar, con la participación de Serjal, un plan delictivo para recibir dinero de Leonardo Peiti”, un empresario imputado por negocios ligados al juego ilegal e integrar una banda que extorsionaba en nombre de Los Monos. A cambio, Serjal y Ponce Asahad se comprometían a “transmitirle información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones” contra él, según la acusación.

¿Y dónde está el dinero de las coimas cobradas? “Estamos investigando la ruta de ese dinero. Embargamos las cuentas corrientes (de los involucrados) y también pedimos que se levante el secreto bancario. Lo que sabemos es que Peiti le pagaba a Ponce Asahad en dólares al cambio del día. Muy probablemente ese dinero iba a parar a una cueva. Aún hay aristas que son investigadas”, explicó el fiscal Matías Edery.

Durante cinco horas de audiencia, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos desplegaron el martes su estrategia acusatoria contra Ponce Asahad y Ugolini. Pero en el debate hubo un apellido que se repitió tantas o más veces que el de los acusados. Ese apellido fue el de Serjal, quien condujo la Fiscalía Regional Rosario desde el 5 de abril de 2017.

En ese marco, se supo que a fines de 2019 el fiscal regional de Melincué, Alejandro Sinópoli, elevó una nota a Jorge Baclini, fiscal general de la provincia, denunciando un “inusual interés” por parte de un fiscal rosarino sobre investigaciones de juego clandestino en el sur santafesino.

Así se tuvo acceso a la declaración del fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo, quien ante su par Gisela Paolicelli relató el lunes que a partir de un allanamiento a un garito en Hughes puso bajo la lupa a Peiti a mediados de 2018. A fines de ese año, dijo, “me llamó Ponce Asahad a mi teléfono particular y me empezó a preguntar por una investigación de juego clandestino”. Tras ello, Merlo gestionó con la fiscalía de Rosario allanamientos sobre Peiti y notó que su colega fue evasivo.

“En ese momento él (Ponce) era quien se encargaba de coordinar todo lo que se refería a allanamientos”, dijo Merlo. “Me dijo que no podía ordenar los allanamientos porque le faltaba fundamentación. Y que la jueza que estaba de turno se lo había observado. A mí me llamó la atención porque nosotros somos detallistas y era una investigación de hace años”, explicó el venadense.

A partir de eso una pesquisa que Merlo mantenía blindada comenzó a tener anomalías. Una de ellas fue que el ex abogado de Peiti, Alberto Tortajada, llegó a la fiscalía de Venado Tuerto preguntando si su cliente era objeto de alguna investigación. “Hasta ese día los únicos que tenían conocimiento en Rosario sobre la investigación eran Ponce Asahad y quien trabajaba con él”, indicó Merlo.

“Hubo una filtración de información cuando en un año no se había filtrado nada. Cuando dispusimos los allanamientos se produjo la filtración y empezaron a aparecer abogados que no tenían contacto con la fiscalía y no se podía saber cómo se habían enterado”, explicó Merlo. “Entonces con Sinópoli decidimos parar los allanamientos y las detenciones que sólo habíamos hablado con ellos” (Ponce Asahad y Ugolini), remarcó.

Así fue que el fiscal regional Sinópoli reportó el incidente a su superior, Jorge Baclini. Ahora ese expediente está a un paso de la acusación y el destino de Serjal podría correr la misma suerte que el de Ponce Asahad.

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