El comité asesor del FMI avala analizar sobrecargos y avanzar con fondo para reasignar DEG
El Comité Internacional Monetario y Financiero (CIMF), que asesora a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), dio este jueves luz verde para avanzar en el análisis de la política de sobrecargos que aplica el organismo a sus préstamos y también para la creación de un fondo fiduciario que permita la reasignación de los recursos en Derechos Especiales de Giro -la moneda del FMI- hacia los países que más lo necesitan.
En el marco previo de la Asamblea Anual del FMI, que hasta el domingo se llevará a cabo en Washington, y en un encuentro del que participó la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y los ministros de Economía y presidentes de Banco Centrales de países miembros, entre ellos Martín Guzmán, el Comité dio mandato al directorio del FMI (y consecuentemente al staff) para la ejecución de las políticas del próximo período.
Los detalles de las decisiones fueron dadas a conocer a través de un comunicado con un decálogo de puntos y decisiones de alto interés para la Argentina en el contexto de la pandemia y de la negociación de un nuevo programa de financiamiento.
«Agradecemos al FMI su actualización sobre la política de recargos y esperamos un análisis más detallado en el Directorio Ejecutivo del FMI, en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios», expresó el Comité del organismo en el punto ocho del documento.
El pronunciamiento replicó el texto que el jueves publicó el G20 en apoyo a una revisión de la política de sobrecargos del FMI, que la Argentina, México y el conjunto de países en desarrollo nucleados en el G24 solicitaron a los países avanzados, para poder hacer frente a la crisis de deuda, entre otras medidas.
Si bien el FMI no fue explícito en lo que respecta al tiempo que puede llevar esta revisión, la luz verde es una buena noticia para la Argentina en el contexto de la negociación de un nuevo programa para refinanciar la deuda de los 44.000 millones de dólares contraídas por la gestión anterior.
El Comité asesor de la Junta de Gobernadores también apoyó «los esfuerzos del FMI para buscar opciones para la canalización voluntaria de DEG de miembros con posiciones externas sólidas, de acuerdo con sus procesos internos, en beneficio de los países de ingresos bajos y medios vulnerables».
Entre los aspectos concretos de esta iniciativa, el Comité apoyó «el establecimiento de un Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad (RST) en el FMI, para proporcionar financiamiento asequible a largo plazo para ayudar a los países que emprenden reformas macrocríticas para reducir los riesgos para la estabilidad prospectiva de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y las pandemias».
Este fondo sería el mecanismo que utilizará el organismo para distribuir los DEG desde países que no lo necesitan a aquellos que sí lo precisann, aunque aún falta avanzar en la modalidad del Fondo, y en quiénes terminarán accediendo a esos recursos.
En otro orden, celebraron «el compromiso del G20 de intensificar los esfuerzos para implementar el Marco Común para el tratamiento de la deuda, que también es acordado por el Club de París, de manera oportuna, ordenada y coordinada, con el apoyo conjunto del FMI y el Banco Mundial, así como la amplia agenda del FMI sobre sostenibilidad, transparencia y reestructuración de la deuda».
Esas iniciativas fueron acordadas en el marco de la pandemia, en donde el FMI apuntó a que «se necesitan una sólida cooperación internacional y una acción inmediata para acelerar la vacunación universal para detener la propagación de la pandemia, limitar las divergencias y apoyar una recuperación inclusiva en todas partes».
Para ayudar a avanzar hacia los objetivos globales de vacunar al menos al 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021 y al 70 por ciento para mediados de 2022, los países que dan mandato a los miembros del directorio del FMI se comprometieron «a tomar medidas para ayudar a impulsar el suministro de vacunas y productos e insumos médicos esenciales en países en desarrollo y eliminar las limitaciones de suministro y financiación pertinentes».
