Ecuador: Lenín Moreno cambiará el decreto que causó el estallido social

El presidente de Ecuador Lenín Moreno prometió reemplazar el decreto por el que dispuso el aumento de combustibles que generó la actual ola de protestas callejeras. Lo hizo al comenzar el diálogo con dirigentes de las organizaciones indígenas que llevan adelante la protesta. Los indígenas respondieron que la derogación de ese decreto es innegociable. Moreno propuso que se creen comisiones para trabajar en la elaboración de documentos que permitan “canalizar los recursos a quien lo necesita”. Moreno aclaró que los movimientos indígenas no son los responsables en los actos de violencia. Aprovechó la mesa de diálogo para felicitarlos por desapegarse de otros grupos que han “sembrado el caos”.

El presidente Moreno propuso a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la creación de comisiones para elaborar un nuevo documento que sustituirá el decreto 883, el que recortó los subsidios a los combustibles, detallaron los diarios El Comercio y El Telégrafo. Pidió establecer comisiones para canalizar los recursos a quienes lo necesitan. Moreno manifestó que el objetivo es que “los temas y las condiciones que se traten se conviertan acuerdos que permita canalizar los recursos hacía quienes más lo necesitan”. El encuentro comenzó cerca de las 18 (20 en la Argentina), casi tres horas después de lo programado, debido a “dificultades operativas” derivadas del caos causado por las protestas, informaron la ONU y la Iglesia católica ecuatoriana, facilitadores de la iniciativa.

Además de rediseñar el decreto 883, Moreno propuso que se creen comisiones para trabajar en la elaboración de esa nueva norma, a fin de “canalizar los recursos a quienes los necesitan”, y afirmó que los movimientos indígenas no son responsables de los actos de violencia ocurridos durante las protestas. La Conaie emitió el sábado un comunicado en el que se desmarcaba de las violentas protestas de ese día, que incluso incendiaron parcialmente el edificio de la Contraloría del Estado.Los indígenas, como el gobierno, acusaron a los “correístas” de estas acciones violentas, que llevaron a Moreno a decretar el toque de queda en Quito y convocar al ejército. La primera medida quedó en suspenso ayer entre las 11.20 y las 20 de ayer, pero las tropas siguieron en las calles. Ayer la ciudad capital tuvo por primera vez en muchos días una jornada de tranquilidad, pero también de desolación y calles arrasadas. Y por la tarde volvieron los incidentes, pero a menor escala que en días anteriores. Claramente, desde la retirada de los indígenas de las calles el sábado, la cantidad de manifestantes quedó reducido.

Del encuentro con el presidente y otros funcionarios participaron dirigentes de la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). en su discurso, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, pidió de manera explícita la derogatoria del decreto 883. Asimismo exigió la inmediata desvinculación de la ministra de gobierno María Paula Romo y del ministro de defensa Oswaldo Jarrín.

Vargas argumentó al presidente Moreno: “Tiene ministros sin voluntad política. Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal”. Eustaquio Toala representante de los pueblos indígenas de Tungurahua y Leonidas Iza, presidente de movimiento indígena campesino de Cotopaxi, corroboraron el pedido de derrogatoria del decreto. Iza añadió: “no creo que el tema de los subsidios ponga en riesgo la dolarización”.Por su parte, Abelardo Granda, presidente del Fenocin, afirmó que “Queremos respuestas positivas y no que la comisión vaya a divagar” y tambien pide la derogatoria del decreto 883, así como del estado de excepción y la libertad de los detenidos.

Ante todos estos planteos, el presidente Moreno prometió: “Analizaremos y revisaremos, conforme el pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales, el decreto 883, para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos”. Además, propone un bono de 20 dólares mensuales, un impuesto a las grandes compañías y la reducción de los sueldos y las vacaciones de los funcionarios públicos.

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