Cómo se negoció para poner fin al alzamiento carcelario

Las negociaciones llevadas adelante entre la tarde del lunes y la madrugada de ayer en las cárceles de Coronda y Las Flores después de que un número importante de presos se alzara para reclamar mejores condiciones de salubridad por las medidas impuestas por el gobierno provincial en el marco del avance del coronavirus, episodios que dejaron cinco reclusos muertos, no fueron iguales. Es que las autoridades encontraron dentro de cada presidio respuestas diferentes por parte de los internos y, aunque la tensión se vivió tanto en el penal corondino como en el de la capital provincial, en el primero de ellos el diálogo entre agentes gubernamentales y delegados de los reclusos concluyeron con la distensión que permitió ir sofocando el fuego a partir de las 21 de anteayer. Mientras que en Las Flores sólo el uso de la fuerza por parte de los grupos especiales de la policía pudo controlar la situación pasadas las 4 de la mañana de ayer.

   En la cárcel ubicada en la zona norte de la capital provincial el escenario fue realmente serio y pareció que las demandas no pasaran solamente por la emergencia sanitaria producto del Covid-19. Los presos se habían alzado en los pabellones que se despliegan en torno de un pasillo de cien metros. Hubo un claro ensañamiento contra el ámbito donde están recluidos los ofensores sexuales y allí se produjeron las cuatro muertes: dos con armas blancas y dos calcinados.

Entredichos

La caldeada noche incluyó un fuerte entredicho institucional entre el ministro de Seguridad Marcelo Saín, que al llegar a Coronda reclamó la presencia de un fiscal; y el titular del Ministerio Público de la Acusación de la Regional Santa Fe, Carlos Arietti, quien señaló que la atribución para ingresar al presidio era de índole administrativa, es decir del Poder Ejecutivo.

   A las 21 del lunes, frente a las dimensiones de una crisis transmitida casi en vivo desde los celulares de los presos, Saín llegó a Coronda a conducir con especialistas del Grupo de Operaciones Especiales (GOEP) del Servicio Penitenciario el diálogo con los delegados de pabellones. En la mesa estuvieron grupos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de Operaciones Tácticas (GOT) de la policía provincial.

   Fue un diálogo tenaz que al principio no fluyó. Los presos cuestionaban el escaso cuidado sanitario del personal que entraba a la cárcel, el corte del ingreso de paquetes con alimentos con los que sustituyen raciones que cuestionan por su mala calidad y el hecho de que internos enfermos reciban prisión domiciliaria o sustituta por el peligro que corren en un ámbito propicio para el contagio.

   Antes de eso la tensión había estado del lado de los mismos negociadores del Estado. Para entrar a un escenario colapsado por la violencia, en donde desde la tarde los penitenciarios habían descargado munición antitumulto frente a los desbordes, Saín reclamaba al fiscal regional de Santa Fe la autorización de un fiscal para irrumpir y retomar el penal.

   Arietti replicaba que no era necesaria la orden de un fiscal para que las fuerzas de seguridad reconquistaran las instalaciones tomadas por los reclusos lo que, señalaba, es competencia del Poder Ejecutivo que comanda al personal uniformado, e incluso deslizaba que no avanzar colocaba al propio Saín en una situación de incumplimiento de sus deberes. El ministro de Seguridad sostenía que en la escena debía imperiosamente haber un fiscal para tomar decisiones porque no se estaba frente a un delito espontáneo o flagrante sino ante una crisis que por entonces llevaba seis horas y que exigía directivas de un funcionario del ámbito judicial presente en caso de darse un escenario más complejo, como una toma de rehenes, lo que va más allá de una situación administrativa.

  El intercambio dejó ver una discordancia muy abrupta, de difícil conciliación, entre el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad, una virulencia significativa en un momento de crisis extrema, donde ya en esa cárcel bajo fuego se había producido una muerte y la conflictividad no cesaba. Esta marcada discordia institucional seguramente perdurará a la crisis desatada en dos de las mayores cárceles de la provincia. El fiscal de turno era Guillermo Persello, pero el que llevará la investigación es Marcelo Nessier. A este funcionario le concierne avanzar con la acusación en audiencias imputativas derivadas de estos incidentes, en los que hay delitos diversos como daños, lesiones y homicidio.

Embestida en Las Flores

Tras este desacople en Coronda los cabildeos con los delegados internos siguieron en un comité de crisis donde Saín dejó a especialistas en negociación para marchar a Las Flores, a donde llegó a las 23 del lunes. Poco después los internos de Coronda aceptaron cesar la revuelta cuando había, según indicaron desde el gobierno, decisiones ya adoptadas desde un día antes que estaban entre las reivindicaciones de los presos.

   Por ejemplo el cronograma de ingreso de paquetes con provisiones que se realizará entre mañana y el viernes, que no pudieron entrar como ocurre normalmente los fines de semana, al estar interrumpidas las visitas. En tanto, las situaciones puntuales de salud para medidas sustitutivas de prisión deben tratarse a nivel individual, con el conocimiento de un juez. Y además se aseguró un mejoramiento de las raciones alimentarias a cargo del personal de prisiones.

   En Las Flores el escenario era muy distinto. Varios pabellones se habían alzado con tanta virulencia que Saín propuso que la única opción era la de irrumpir con dominio legítimo de la fuerza. Frente al dato de inteligencia de que había también un arma de fuego en la cárcel santafesina los oficiales del Goep y de la TOE ingresaron por un corredor central, tras la primera línea de personal dotado de armamento antitumulto, con armas de fuego. Afuera Saín, con los planos de la cárcel en mano, era el que había recibido la instrucción del gobernador Omar Perotti de comandar las acciones para recuperar la cárcel.

   Cuando llegó la orden de Perotti hubo una embestida enérgica que empezó con disparos de munición de goma que rápidamente hizo desistir la resistencia y retroceder a los internos en los pasillos hacia sus celdas. La luz de la cárcel estaba cortada, las fuerzas de seguridad avanzaban con uniformes especiales, armas largas y reflectores, lo que generó en combinación, frente a la diferencia de recursos, una disuasión veloz. Las fuerzas ingresaron a los pabellones rompiendo las rejas dobles con amoladora.

Complejidad

¿Cuál es el verdadero origen de los reclamos? ¿Pudo haber más de una motivación? ¿Existió un aprovechamiento con diversos propósitos frente a un reclamo que según el Servicio Público de la Defensa Penal tiene lógica? Fuentes del Servicio Penitenciario señalaron que todo parece estar combinado. La urgencia del coronavirus fue el motivo aludido que resulta comprensible. Pero también hubo reclamos por la Gripe A en 2009 o huelgas de talleres por falta de barbijos.

   “En la dinámica de la cárcel no es nada insólito que los presos prendan fuego, se suban al techo o hagan disturbios. Lo que hay de diferente es la magnitud que tomó ésto”. ¿Y por qué tal dimensión? Algunos sugieren que porque no se tomó una decisión de intervención temprana para frenar los disturbios cuando estos empezaron. Una conjetura incomprobable frente a las dinámicas violentas de los alzamientos.