Preocupa la crítica situación financiera de la empresa de gas en Casilda

La empresa que presta los servicios de gas y recolección de residuos en Casilda y cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del municipio atraviesa una crítica situación financiera que pone en jaque su funcionamiento, lo que preocupa al poder político local que se esfuerza por hallar alternativas para sacarla a flote.

La firma Servicios Casildenses Sapem adeuda unos 35 millones de pesos a Litoral Gas que ya la intimó para que regularice los atrasos generados a causa de desfasajes que se fueron profundizando con el paso del tiempo y no logró revertir.

La situación es de tal gravedad que hasta no se descarta la posibilidad de ceder a esa distribuidora y proveedora de gas la concesión y explotación del servicio a nivel local, tal como lo admitieron ediles de distintas fuerzas políticas aunque aún no surgieron definiciones concretas para encarar una salida al acuciante problema.

Un informe presentado recientemente a la comisión de seguimiento de los costos de la Sapem que integran representantes del Concejo, el Ejecutivo y particulares revela una serie de aristas en torno al millonario endeudamiento de la empresa.

La falta de actualización del canon que recibe del municipio para la recolección de residuos y el crecimiento de los niveles de morosidad en el pago de las facturas por parte de los usuarios, que ronda el 30 por ciento, son algunas de las razones que provocaron el difícil escollo financiero.

A eso se suma lo apremiante de los altos intereses aplicados sobre la deuda que mantiene con Litoral Gas, al punto que hasta se barajó la alternativa de gestionar un crédito blando para cancelar el pasivo.

Y además la chance de buscar asistencia financiera ante estados provincial y nacional pero hoy la coyuntura no parece ser una iniciativa que despierte expectativas viables.

“Las acciones a tomar para superar este difícil momento deben surgir del consenso político”, coincidieron el edil radical, Mauricio Plancich, y sus pares de Cambiemos, Julio Yualé, y del Partido Justicialista, Antonia Pierucci.

Buscan una estrategia común

Más allá de sus posiciones particulares consideraron “clave” hallar una “estrategia común” con la vista puesta básicamente en los usuarios ya la cruda realidad de la empresa local impide planificar avances.

Ayer renunció un síndico que había ingreso en representación de uno de los partidos políticos que forman parte de la oposición al gobierno municipal. Se trata del peronista Juan Andrés Demmi, quien dijo a LaCapital haber tomado la decisión de desvincularse por desacuerdos con el manejo de la empresa al tiempo que responsabilizó al municipio de su desfinanciamiento “al no haber actualizado el canon que paga por la prestación de la recolección de los residuos, además de estar debiendo algunos meses de ese servicio”, dijo.

El informe de la Sapem dice que la administración municipal debiera estar aportando por ese concepto cerca de 3,4 millones de pesos mensuales, lo que duplica la suma que viene abonando desde febrero de 2018 que es de casi 1,7 millón de pesos.

El pedido de reajuste para compensar el desfasaje fue planteado reiteradamente al municipio, sin éxito, por el gerente de la empresa, Carlos Testa, quien también evalúa la posibilidad de renunciar a su cargo, lo que se concretaría en horas.

Sin embargo la asesora legal del municipio e integrante del directorio de Sapem, Patricia Ferraretto, negó que el municipio haya desfinanciado la empresa. Y explicó a este diario que “la Sapem siempre honró los compromisos asumidos con su proveedor soportando la imposición de intereses abusivos y usurarios sin resignar sus derechos, por lo que se presentó a Enargas y curiosamente en junio cuando se modificó el cuadro tarifario Litoral Gas se negó a suscribir nuevo convenio de pago”.

“De no haber sido así —añadió— esta situación de desequilibrio no se hubiese producido ya que las nuevas reglas de juego permiten oxigenar las finanzas de las subdistribuidoras, como Sapem, al generar condiciones para fijar acuerdos de pago con tasas y plazos razonables”.

Ante el grave panorama el intendente electo por el peronismo, Andrés Golosetti, quien asumirá el 10 de diciembre cuando culmine la actual gestión del Frente Progresista, se reunió días atrás con representantes de Litoral Gas para tratar el tema en cuestión.

Al ser consultado dijo que lo conveniente sería que las actuales autoridades municipales y de Sapem “encaren una negociación seria que permita poner freno a este situación, lo que significa dejar de pagar la deuda histórica para discutirla en sede judicial y empezar de cero pagando las actuales facturaciones en base a lo recaudado mensualmente para no generar más deuda. Esa es la postura que voy a transmitirle al actual intendente (Juan J. Sarasola), para luego evaluar una salida más consensuada”.

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