El presidente del Consejo Interuniversitario rechazó que se arancele la educación universitaria a extranjeros
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, rechazó la iniciativa del Gobierno que busca permitir que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes al señalar que la medida no mejora la situación presupuestaria de las casas de estudio ni fue consultada con la comunidad educativa.
«Lamentablemente volvemos a caer en un tema educativo presupuestario y no nos damos un debate de fondo sobre la educación en Argentina. Parece que el único tema que hay para debatir en la educación está relacionado con el dinero», reprochó el titular del organismo que nuclea las universidades nacionales de todo el país.
Moriñigo consideró que el anunció que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni este martes no busca mejorar las cuentas fiscales ni el funcionamiento de los establecimientos educativos sino que se trata de la manera que encontró el Gobierno de reconciliarse con su electorado después de que se cayera, por falta de quórum, la sesión donde debía debatirse el proyecto de Ficha Limpia.
También, señaló que la gestión libertaria no explicó cómo piensa implementar el cobro a alumnos foráneos. Para poder arancelar a los estudiantes extranjeros el Gobierno debería modificar la Ley de Migraciones y la Ley de Educación Superior en el Congreso o mediante DNU.
El artículo 6 de la Ley de Migraciones, dispone que los inmigrantes y sus familias tienen «derecho a acceder a la educación en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos». Además, el artículo 7 prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para que un extranjero pueda inscribirse en cualquier nivel educativo, tanto público como privado.
Por otro lado, la Ley de Educación Superior dicta, en su artículo 2, la gratuidad de los estudios de grado en instituciones de gestión estatal. Esto significa que no se pueden cobrar aranceles ni tasas a estudiantes extranjeros.
En la actualidad, las universidades nacionales exigen a sus estudiantes la presentación del documento nacional argentino o, en su defecto, que acrediten su identidad con documentos del país de origen. A fin de cumplir con la Ley de Migraciones, desde las instituciones se otorga un plazo de dos cuatrimestres para que el alumno regularice su situación migratoria y obtenga el DNI, de manera temporal o permanente.
«Todas las universidades públicas del país inscribimos a cada estudiante local o extranjera con un DNI argentino en mano por lo que no hay estudiantes extranjeros no residentes como plantea el Gobierno. Por eso creemos que están pensando realizar cambios en la legislación migratoria o bien tienen un gran desconocimiento sobre el tema», expresó el presidente del CIN.
Acto seguido agregó que las universidades desconocen si la propuesta oficialista es que cada consejo superior tome la decisión de arancelar o no la educación de los extranjeros pero aventuró que en tal caso la mayoría de las universidades se opondrán a su implementación.
«En el consejo superior de la Universidad Nacional de San Luis, donde yo tengo un voto, yo votaría en contra de que se pueda arancelar porque conozco la cara de cada estudiante y se de donde vienen. Mi universidad tiene 168 estudiantes extranjeros y no he visto en sus rostros que provengan de hogares donde sus padres sean empresarios. Son familias que están tratando de lograr que sus hijos tengan una movilidad social ascendente», manifestó.
En cuanto al presupuesto universitario, el rector sostuvo que no tendrá impacto sobre las casas de estudio. «Solo el 5% de la matrícula de todo el país son estudiantes extranjeros. Tener en un aula 50 alumnos o 53 es lo mismo. No cambia los costos de funcionamiento de las universidades tener 3 estudiantes más en un aula».
En contraposición, explicó que está demostrado económicamente que la inversión que hace el Gobierno por cada egresado que se queda se multiplica por 7. «Estamos presionando sobre una población que creemos que nos va a dar fondos y eso no es así», remarcó.
Por último, Moriñigo opinó que hubiera sido más inteligente por parte del Gobierno que se convoque a la comunidad educativa al Congreso para discutir junto a los legisladores la mejor alternativa para las universidades. «Se podría implementar un impuesto solidario para los egresados como sucede en Uruguay o gravar el egreso en lugar del ingreso de los estudiantes. Se nos pueden ocurrir muchas variantes más interesantes que las que propone el Gobierno pero lamentablemente no hubo ningún tipo de diálogo con las universidades», completó.
