Casi dos años después del intento de magnicidio, hoy declara CFK
La exvicepresidenta regresa este miércoles a Comodoro Py para declarar como víctima en el juicio oral por el atentado. Llegará acompañada de sindicatos, curas villeros y organismos de derechos humanos. También estará Axel Kicillof, Germán Martínez y José Mayans, entre otros dirigentes del peronismo. En la previa, le apuntó a la desidia judicial que optó por desestimar las pistas que llevaban a «los autores intelectuales y a los financiadores» del ataque. Se suspendió el peritaje del celular de Sabag Montiel.
Iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre de 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?…. Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py», publicó Cristina Fernández de Kirchner en la red social «X» mientras se prepara para dar su relato como víctima frente al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6). La dos veces presidenta cuestionó que lo poco que se publica en medios sobre este proceso judicial está dirigido a «acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho». «No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona», sostuvo. CFK está convocada para las 9.30 y la acompañará un nutrido grupo de dirigentes y funcionarios/as, sindicalistas, curas en opción por los pobres y organismos de derechos humanos.
Entre quienes irán a tribunales con la exmandataria estarán, todo indica, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, su vice Verónica Magario, funcionarios de la provincia, el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, el del Senado, José Mayans, otros diputados y senadores varios, algunos muy cercanos a CFK como Oscar Parrilli. Estará también Máximo Kirchner. Hay una convocatoria a movilizar y encontrarse en el Instituto Patria a partir de las 10 de la mañana, donde se la esperará luego de declarar. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió un posteo donde más de 80 intendentes/as que preguntan «¿Quién mandó a matar a Cristina?».
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, que preside el juez de la Suprema Corte local Daniel Soria, difundió un comunicado ante el inminente testimonio de Fernández de Kirchner en el que «invita a todas las autoridades de la República a redoblar su compromiso con la democracia y la erradicación de toda forma de violencia política». No es menor que un órgano ligado al sistema de justicia lo señale ese aspecto (el de la violencia política) relegado en la causa judicial sobre el atentado.
Hasta ahora ofrecieron su relato en el juicio oral testigos que estaban en las inmediaciones de la casa de Cristina en el momento del atentado: alguno que vio el arma, otros que atraparon al hombre que intentó disparar, Fernando Sabag Montiel, el que retuvo la pistola cuando aquel la tiró al piso. También prestaron declaración indagatoria los tres acusados: Sabag confesó y hasta quiso justificar su intento de asesinato, Brenda Uliarte –su novia de entonces– se mostró poco memoriosa y cortó su declaración repentinamente con la frase «no más preguntas», y Gabriel Carrizo, el dueño del emprendimientos de copo de azúcar que la pareja usó para hacer inteligencia en las inmediaciones de la casa de CFK, dijo que bromeaba cuando les decía a sus conocidos que había formado parte del intento de matarla, que se había usado un arma suya y que estaba orgulloso de su «empleado» que había gatillado, aunque falló.
«Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’ (haciendo referencia a la ‘causa vialidad’), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… ‘Finalmente, Crsitina no supo esquivar la bala'», seguía el texto publicado por la expresidenta en la antesala de su declaración el juicio. Cristina ya declaró durante la instrucción que no registró el momento en que Sabag Montiel quiso matarla. Le habían tirado un libro, un ejemplar de «Sinceramente», para que lo firmara, en medio de las enormes movilizaciones en su respaldo, y como cayó al suelo ella se agachó para levantarlo justo en el momento en que el asesino fallido le apuntaba, aunque la bala no ingresó a la recámara. El dueño del libro declaró la semana pasada que Sabag Montiel empujó el ejemplar con la pistola, y por eso cayó.
CFK hoy se concentra también en mostrar que todo lo que quedó fuera del juicio oral y que terminó desperdigado en causas fragmentadas en los tribunales de Retiro, una forma eficaz de que no se termine de esclarecer, a fuerza de dilaciones y burocracia judicial que funcionan como excusa, quién estuvo detrás del intento de magnicidio, quiénes fueron los autores intelectuales, quién puso dinero, qué papel tuvo la construcción violenta de larga data, que hasta recibió financiamiento, entre tantas aristas aún en veremos. Cuando enviaron la causa a juicio oral la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijeron que no tenían ninguna prueba sobre vinculaciones políticas o económicas.
Este martes debía llevarse cabo una medida de prueba clave, el último intento de extracción de información del celular de Sabag Montiel, que había quedado dañado durante el primer día del trámite del expediente del intento de magnicidio. Pero ese estudio se suspendió y aún no hay nueva fecha. En aquel momento, inmediatamente después del atentado, se extrajeron fotos de la tarjeta SIM y de memoria pero nunca se recuperaron conversaciones de whatsapp u otras mensajerías y aplicaciones, salvo algunas pocas de Telegram. Distintos especialistas habían señalado que un nuevo intento era riesgoso, pero un peritaje previo al juicio hecho por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) estableció que aún había posibilidades de rescatar contenido. Aun así, reconocía que también había posibilidades de que fuera el último intento y que se perdiera todo.
Frente a ese panorama la querella de CFK –a quien representan Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira– pidieron colaboración al Estado de Israel porque, alegaron, «dicho país cuenta con al tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares». Pero como el trámite de esa colaboración demoraba y no había respuesta avalaron el pedido de la fiscalía de juicio, a cargo de Gabriela Baigún, de hacer el análisis igual. La junta de peritos, que incluía personal de Gendermería, se reuniría en la DATIP este martes a las 10. La querella, sin embargo, pidió suspender el estudio al detectar que el 31 de julio había aparecido una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía que la embajada de Israel había informado que había enviado el pedido de asistencia a la Cancillería de ese país. Una prueba de que los tiempos son bien lentos en este caso en particular es que el pedido había salido de tribunales el 12 de enero.
«Luego de una cautelosa consideración de lo que está en juego, estimamos que, antes de dar curso a una prueba de la que se sabe que es la última que podrá practicarse sobre el elemento de convicción más relevante de la causa, es preferible aguardar una posible ayuda del Estado de Israel que, como dijimos, es el más avanzado en la materia», plantearon los letrados de la querella. La fiscalía de juicio debe dictaminar, pero ahora el el peritaje quedó suspendido de hecho hasta que diga el tribunal.
La increíble historia de lo ocurrido con el teléfono de Sabag Montiel, incluyó un primer intento de bajar la información que hicieron agentes de la Policía Federal en el juzgado de Capuchetti, por pedido de ella, y no lo lograron. La magistrada guardó durante el 2 de septiembre el aparato en su juzgado y a la noche lo mandó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con la agente que custodia su despacho, Priscilla Santillán. Según un acta, lo entregó en un sobre abierto, que tenía el aparato encendido y cuando lo enchufaron aparecía reseteado de fábrica. Santillán declaró la semana pasada que ella entregó el sobre cerrado y justificó que había firmado el acta porque estaba cansada. Fue en una causa judicial específica sobre lo que ocurrió con el dispositivo que está a cargo de María Servini. La jueza citó justo para este miércoles, en lo que pareció un gesto provocador, al actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, hombre muy cercano a CFK, como testigo. Era viceministro de Justicia al momento del intento de asesinato y viajó a Comodoro Py en la madrugada en el mismo móvil policial que llevaba el celular e Sabag. La querella pidió cambio de fecha de su declaración.
Los expedientes dispersos que podrían ayudar a reconstruir quién estuvo detrás del intento de magnicidio son varios, pero están trabados o a mitad de camino:
*La propia jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo tienen a cargo la pista sobre el diputado del PRO Gerardo Milman, a quien un testigo escuchó decir dos días antes del atentado «cuando la maten yo estoy camino a la costa» frente a dos colaboradoras suyas. Además había presentado pedidos de informe sobre la custodia de Cristina y hasta anticipaba un ataque (por el que la acusaba). La Cámara Federal debe decidir –sería en los próximos días– si se investiga el borrado de celulares de esas mujeres y del propio Milman en oficinas de Patricia Bullrich, la única dirigente que no repudió el atentado, de quien el diputado era jefe de campaña. Ese mismo expediente contiene, entre otras pistas, la que atañe a Hernán Carrol, fundador de Nueva Centro Derecha, con vinculaciones con Bullirch, Javier Milei y José Luis Espert, quien estuvo en contacto con Brenda Uliarte y es la persona que Sabag Montiel dijo que debía hacerse cargo de su situación.
